La cultura como un derecho. Fundamental. Derecho a disfrutarla pero, también, a poder crearla sin depender del patrimonio familiar. Y a poder hacerlo en las grandes concentraciones urbanas pero, también, en las zonas rurales. El Ministerio de Cultura ha presentado hoy su ambicioso Plan de Derechos Culturales, un plan pionero que nace con una dotación de 79 millones de euros y 146 medidas concretas para los próximos años que incluyen desde descuentos para familias monoparentales en los museos y teatros del Ministerio, hasta ayudas para llevar la cultura a los pueblos, al sistema educativo o a las mujeres reclusas para ayudar a su reinserción. Un plan de acción que incluye, junto al Ministerio de Consumo y Agenda 2030, la puesta en marcha del primer estudio sobre desigualdad en el ámbito de la cultura para tener datos y poder aplicar mejores políticas, lo que contribuirá a elaborar una Ley de Derechos Culturales, que, eso sí, en cualquier caso ya no llegará esta legislatura.
“Este es un plan para combatir que haya zonas en nuestro país, España, donde por haber nacido en un determinado código postal no tienes una biblioteca, un teatro, capacidad de poder gozar de la cultura. Este es un plan para combatir que por haber nacido en una determinada familia con una determinada renta, tengas una barrera para ejercer plenamente tus derechos culturales. Es un plan para defender con uñas y dientes lo que es la pluralidad y la diversidad, de lo que somos como sociedad y de nuestra diversidad lingüística. Un plan para definir con medidas muy concretas todas las barreras que necesitamos superar para tener plenamente unos derechos culturales en nuestro país”, ha asegurado el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en un concurrido acto celebrado en el Museo Reina Sofía.
Junto a él, la artífice del Plan, la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, ha resaltado la doble dimensión que impulsa el plan. Por un lado, “los condicionamientos que existen de acceso y de participación cultural, las desigualdades socioeconómicas, territoriales, de género, étnicas o por discapacidad y cómo las instituciones tienen que hacerse cargo de ello”. Y en segundo lugar, “los impactos positivos de la cultura en muchos ámbitos, como son el territorio, la salud y el medio ambiente y también cómo la cultura contribuye a abordar grandes retos de nuestro presente y nuestro futuro como pueden ser los derechos humanos, la libertad, la paz y la propia democracia”.
El plan tiene 146 medidas y cuenta con 79,3 millones de euros, de los que 66 irán a ayudas y subvenciones
El plan tiene 146 medidas, de las que 100 se han puesto en marcha ya o se van a poner en marcha en lo que queda de legislatura, y el resto deben llegar hasta 2030. Y todo con 79,3 millones de euros de dotación hasta 2027, de los que 66 millones van a ayudas y subvenciones y de los que 46 millones son nueva inversión: pese a no a haber presupuestos nuevos, el Ministerio los ha conseguido moviendo otras partidas.
“La cultura es probablemente uno de los campos más desiguales que existen, donde más se traslada la desigualdad que hay en la sociedad, y probablemente sea donde menos se atiende, mucho menos que en educación, mucho menos que en sanidad. Existen condicionantes estructurales que condicionan la posibilidad que tienen las personas de acceder a bienes, a servicios, a enseñanza y formación, a la creación, al trabajo cultural”, ha remarcado Beirak.
Las nuevas ayudas del Ministerio para proyectos culturales de especial impacto social han recibido 1.065 solicitudes
Una desigualdad hacia la que, ha dicho, van dirigidas las medidas de democracia cultural del Plan, desde los descuentos en equipamientos del Ministerio a incorporar la cultura en los itinerarios penitenciarios. En ese marco se han creado unas ayudas para proyectos culturales con especial impacto social, que tienen destinados 4.450.000 euros. Proyectos que hasta ahora no tenían cabida en el Ministerio, ha advertido, “porque su objetivo no es elaborar un producto, sino que la cultura sea una palanca para intervenir socialmente, para desencadenar procesos sociales”. Unas ayudas que han recibido un alud de solicitudes, 1.065, “lo cual realmente demuestra que había una necesidad”.
El último aspecto del Plan en el área de democracia cultural es el sistema educativo. “Sabemos los impactos positivos al incorporar el arte y la cultura en la escuela: aprendizaje cognitivo, relacional, se generan públicos para el sector cultural, se alimentan vocaciones profesionales”. “Ya los colegios, los institutos, la propia comunidad educativa está impulsando proyectos. Nos tocaba a las instituciones hacer una política estructural”. Por eso han transferido cuatro millones de euros a las comunidades autónomas para proyectos culturales en colegios e institutos. A eso se le suman proyectos como Cine Escuela, con pruebas piloto en Madrid, L’Hospitalet de Llobregat y Córdoba, para acercar las salas de cine a los estudiantes como una actividad de formación en cultura audiovisual.
Cultura ultima un proyecto para llevar cine a municipios rurales, de modo que tengan un catálogo de películas para organizar cineclubs o cines de verano
Un segundo eje del plan es abordar retos contemporáneos desde “la convicción de que la cultura puede dar una respuesta colectiva a muchos de los desafíos que tenemos por delante”. Así Beirak ha resaltado que en igualdad de género en diciembre presentaron ya “el Plan de Igualdad de Género en la Cultura, que es uno de los ejes también del Plan de Derechos Culturales y que incorpora criterios de género en subvenciones y contratos para garantizar realmente y hacer efectiva la igualdad de oportunidades, o la creación de la Unidad de Atención y Prevención de Violencias Machistas en el sector cultural, que pusimos en marcha en octubre”.
En ese mismo apartado figura el reconocimiento de la diversidad cultural, lingüística y étnica de España, lo que supone medidas como la actualización de los discursos del Museo de América y del Museo Antropológico o el reconocimiento del caló y del romaní en la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. Pero también reconocer la importancia de la cultura para las zonas menos pobladas, por lo que van a fomentar la existencia de proyectos culturales en el medio rural con cuatro millones de euros transferidos a las comunidades autónomas y una línea de ayudas a proyectos propia del Ministerio.
Además, están ultimando un proyecto para llevar cine a municipios rurales: “Es un proyecto piloto para poder dotar a municipios que no tienen acceso al cine de un catálogo de exhibición de películas para que puedan organizar cineclubs, cinefórums, cines de verano, y reactivar todo lo que tiene que ver con el visionado colectivo que también genera procesos de comunidad en los pueblos”.
El tercer gran bloque del plan es fortalecer el tejido profesional de la cultura, su sostenibilidad y su independencia, mejorar las condiciones laborales, económicas y de reconocimiento del trabajo cultural. Para eso seguirán avanzando en aprobar más medidas del Estatuto del Artista y quieren adaptar la ley de contratos del sector público, “que no siempre facilita la cultura”, a este ámbito. Beirak ha insistido también en la preservación de la libertad artística y el freno a la injerencia y a la censura que ha habido en los últimos tiempos, por lo que van “a poner en marcha un código general de buenas prácticas del Ministerio y también vamos a seguir atendiendo los casos de censura directa”.
Urtasun recuerda que el Plan se aprueba antes de Mondiacult, el encuentro en septiembre en Barcelona con los ministros de Cultura de todo el mundo
El proceso de elaboración del Plan de Derechos Culturales se ha extendido un año y, en coherencia con sus postulados, ha sido participativo, con numerosos expertos en derechos culturales, entidades del sector y asociaciones profesionales de la cultura a través de 13 grupos de trabajo. También las comunidades autónomas -Canarias y Navarra cuentan ya con una Ley de Derechos Culturales- han enviado sugerencias, desde Murcia y Asturias a Catalunya, Euskadi, Aragón y Canarias. No así Madrid, que ya manifestó que no lo haría.
Para Urtasun, “los derechos culturales deben ser considerados derechos de ciudadanía de primer nivel” y cree que este Plan “mete a España en el despliegue de esa agenda global que entiende la cultura como un derecho humano fundamental y nos pone al nivel de los países más avanzados en esta materia. No somos los primeros, pero sí de los primeros, y particularmente de los primeros en Europa”. Además, dice, da al país una visión a largo plazo en la Cultura de la que normalmente se ha carecido. Y recuerda que el Plan se aprueba antes de Mondiacult, el encuentro en septiembre en Barcelona de los 190 ministros de Cultura de los países que están en la Unesco. “En un momento importante en el que vamos a estar peleando para que en la próxima agenda del desarrollo de las Naciones Unidas la cultura sea un objetivo de desarrollo propio, asistir habiendo desarrollado un plan de derechos culturales tan ambicioso nos da una legitimidad y una fuerza en el diálogo global de las políticas culturales muy importante”.