La invención de la política cultural en Europa en la década de 1950 como acción pública de difusión de la alta cultura y protección de los artistas vanguardistas no llegó a España hasta la década de 1970 y no se desarrolló de manera sistemática hasta la década de 1990. Por ello, cuando se incorporó a la agenda política en España adoptó la forma institucional francesa. Partiendo de muchos menos medios infraestructurales, la política cultural nació con la idea de recuperar estos treinta años de retraso e incorporarnos al conjunto de las naciones europeas en el ideal de cultura como lógica civilizatoria, enriquecedora y pacificadora de las relaciones sociales.
La envidia que el poeta Espriu expresaba a mediados del siglo XX respecto a otros países más “cultos y civilizados” se habría reducido en gran parte en estos cuarenta años, en los que se han desarrollado políticas culturales comparables a las de nuestros vecinos del norte.
Si bien es cierto que los presupuestos per cápita siguen siendo menores que los de los países escandinavos, estos se han equiparado a los de los países de Europa Central: según los datos de Eurostat (de 2008 a 2018), las administraciones públicas españolas gastaban de media 123 euros en cultura, una cantidad alejada de los 301 euros de Dinamarca, pero cercana a los 131 euros de Alemania, y superior a los 98 euros de Italia. Por otra parte, a nivel sustantivo, el desarrollo en España a las políticas culturales ha sido una pieza esencial de la modernización social y de la creación de un espacio público en el sentido habermasiano, imprescindible para consolidar un Estado de bienestar pluralista.
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Al mismo tiempo, esta incorporación tardía de España a las políticas culturales tuvo algunos efectos positivos. Mientras en Francia o Gran Bretaña, a finales del siglo XX intentaba desprenderse del modelo cultural centralizado, ineficaz y elitista, en España se producía una de las transformaciones más notables: partiendo de la Constitución de 1978 y de unos primeros estatutos de autonomía notablemente culturalistas, se abría la puerta a un Estado claramente descentralizado. Así, desde 2003 hasta 2022, la administración central solo ha representado entre un 14% y un 17% del gasto cultural, mientras que las administraciones autonómicas han representado entre un 22% y un 30%, y los gobiernos locales y diputaciones, entre un 55% y un 62%.
Por lo tanto, nos encontramos ante un sistema de política cultural en el que la iniciativa la han tomado las administraciones territoriales. Así, el carácter “inacabado” de la definición competencial de la Constitución de 1978 y el desarrollo de unos ambiciosos estatutos por parte de las nacionalidades históricas, que otras comunidades imitaron, generaron en los años noventa un modelo cultural sobre el papel que algunos expertos han calificado de “casi federal”. En ellos, las comunidades autónomas reivindicaban un papel central en la planificación y provisión de servicios culturales, así como en la promoción de las industrias creativas.
No obstante, esta generalización de las políticas culturales autonómicas oculta la asimetría en el desarrollo de las competencias culturales: mientras las nacionalidades históricas, especialmente las forales, tienen un gasto por cápita mucho mayor (56 euros en Navarra o 49 en el País Vasco, y en menor medida en Catalunya y Galicia, con 37 y 35 euros, respectivamente), el resto de las comunidades este es de solo 23,2 euros.
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Además, esta realidad asimétrica en el desarrollo efectivo de las competencias no ha sido reconocido constitucionalmente ni por la Ministerio de Cultura. Este se ha focalizado mucho más en potenciar Madrid como capital cultural hegemónica a nivel estatal y global (dedicando un 46% de las transferencias a las artes escénicas y un 95% a las artes visuales) que en generar una gobernanza cultural, a través de la Conferencia Sectorial de Cultura (encuentro del Ministerio y las comunidades) y la cooperación horizontal entre territorios, como establece el artículo 149 de la Constitución.
Finalmente, desde los años ochenta, las ciudades han sido las grandes protagonistas de la política cultural y en ellas se han desarrollado las tendencias más innovadoras. En el contexto de la desindustrialización y la globalización, los gobiernos locales adoptaron una orientación cultural emprendedora, tendencia que alcanzó su expresión más innovadora en la Barcelona de los años noventa. A esta ciudad le siguieron otras, como Bilbao o Valencia, con la intención de competir y situarse en el mapa de las inversiones y el turismo cultural.
Así, el modelo de la ciudad creativa se impuso como paradigma dominante, generando casos de éxito, pero también sonoros fracasos como los llamados elefantes blancos culturales, (como Fórum de las Culturas 2004 o la Ciudad de las Artes de Valencia), que resultaron más útiles para los promotores urbanos que para los sectores culturales. Esto generó un número creciente de detractores entre los indignados de la crisis de 2008 y los recortes en los presupuestos culturales.
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Como respuesta a estos excesos, desde 2015 se están desarrollando leyes y planes de derechos culturales en Barcelona, Catalunya, Navarra o por parte del Ministerio. Así, las políticas culturales actuales se enfrentan al reto de combinar el potencial económico y turístico de las industrias creativas con la legítima reivindicación de la democracia cultural. Un paradigma que entiende la participación cultural no solo como acceso pasivo a la oferta artística (que sigue siendo desigual desde el punto de vista social y territorial), sino también como derecho a participar en la vida cultural en sus diversas manifestaciones y a la gestión comunitaria de la cultura.
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Joaquim Rius Ulldemolins, Catedrático de Sociología de la Cultura en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València y director del Máster de Gestión Cultural de la UV y la UPV