Se le agotan los recursos y las instancias al Barça de Joan Laporta, sumido en su peor crisis desde que accedió a la silla presidencial en marzo del 2021. La incapacidad a la hora de inscribir a tiempo en LaLiga a los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor ha desencadenado un terremoto en el barcelonismo cuyas consecuencias son impredecibles. De momento, ayer varios grupos opositores pidieron que Laporta dé un paso al lado si quiere evitar someterse a una moción de censura. Para amortiguar esa creciente amenaza, el presidente, que hace y deshace en el club porque así lo ha querido, ha decidido dar un nuevo paso: acudir al Consejo Superior de Deportes (CSD) para lograr una cautelar, es decir, para poder ganar tiempo (quizás unos meses) hasta que todo se desencalle en uno u otro sentido definitivo.
El CSD es un organismo político, en tanto que depende del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En sus dependencias el club azulgrana elevará mañana, primer día hábil puesto que hoy es festivo, un recurso en el que expondrá similares argumentos a los ya rechazados primero en instancias judiciales (hasta en dos ocasiones) y después ante LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Se trata de los dos organismos competentes para emitir inscripciones y licencias que consideraron que la documentación presentada el pasado 31 de diciembre por el club azulgrana para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor era insuficiente y llegó tarde. De hecho, dicha documentación no fue validada hasta el 3 de enero, a tiempo para recuperar la norma 1 a 1 que permite al Barça equilibrar al fin su balance respecto al fair play financiero pero fuera de plazo para registrar a los dos futbolistas.
La directiva de Laporta sigue creyendo que existen rendijas legales por las que intentar sobrevivir. Consideran sus servicios jurídicos que la literalidad del artículo del reglamento general federativo 130.2 es interpretable por cuanto se creó para evitar artimañas, es decir, para impedir que un club concediera el alta y la baja a uno de sus futbolistas en la misma temporada para obtener posiciones de ventaja deportiva. El artículo dice en concreto que “un futbolista podrá estar inscrito en un solo equipo de un club, sin posibilidad de ser dado de baja y alta por el mismo en el transcurso de la misma temporada, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria”.
El Barça presenta mañana el recurso y espera una respuesta favorable, aunque con argumentos repetidos
La entidad barcelonista sostiene que en el caso de Olmo y Pau Víctor el ente que les dio la baja no fue el club, cuyo deseo siempre ha sido que formen parte de la plantilla, sino LaLiga al borrarlos de sus registros. Según esta teoría y alegando una interpretación diferente del artículo, el Barça tendría derecho a inscribir de nuevo a ambos antes del próximo 3 de febrero, fecha en la que cierra la ventana del mercado de invierno.
Esta manera de ver las cosas sin embargo no ha servido de momento en ninguna instancia. Como tampoco la ya utilizada que pretendía justificar la demora en la entrega de la documentación (la garantía de los 28 millones de euros procedentes de la venta adelantada de una parte de los palcos VIP del futuro Spotify Camp Nou) debido a que las fechas navideñas ralentizaron su circulación.
Acudir al CSD no es garantía de éxito. El organismo tiene claro que al club azulgrana le asiste el derecho a presentar lo que técnicamente se da en llamar “recurso en alzada”, pero no se dejará llevar por las derivadas extradeportivas del caso y en teoría lo resolverá con una mirada estrictamente jurídica. De hecho, dispone de una comisión para ello. Presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, Doctor en Derecho y Profesor Titular de Filosofía Jurídica y Política, la intención del CSD una vez estudie el recurso será pedir alegaciones tanto a LaLiga como a la RFEF, medida que de entrada no beneficia al Barça porque ralentizará el fallo y, sobre todo, porque querrá escuchar los motivos esgrimidos por los organismos que han denegado la reinscripción de los futbolistas. Este es un detalle relevante porque en casos equiparables se suele dar la cautelar atendiendo solo a la solicitud de la parte que recurre.
El CSD se impondrá una mirada jurídica sobre el caso y su petición de alegaciones no favorece al club
Más allá del escaso interés que el Gobierno pueda tener en asumir una controversia de esta magnitud (a nadie escapa que una cautelar alborotaría al resto de los clubs de LaLiga y abonaría las tesis conservadoras que aseguran que el gobierno actúa de parte), un fallo contrario dejaría al Barça de Laporta contra las cuerdas, con la justicia ordinaria de nuevo como recurso, esta vez sin más asideros a los que agarrarse.
