España acumula un importante déficit de inversión pública en infraestructuras derivado de los estragos de la crisis financiera de 2008. La patronal Seopan señala que un claro indicador de esta situación es la comparación de inversión pública sobre el PIB, que ha pasado de un 5,2% en 2009 al 2,8% en 2022. La tasa queda por debajo de la media europea, del 3,1%, y especialmente de las tres primeras economías comunitarias: Alemania, Francia e Italia.
Seopan publicó el año pasado el informe Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España, donde identifica y cuantifica las principales prioridades de inversión pública en el país. El documento, elaborado en colaboración con la consultora Sener, apunta a un primer bloque de obras planificadas, otro de posibles mejoras sobre activos ya existentes y un tercer grupo de infraestructuras innovadoras. En total, se necesitaría un volumen inversor de casi 350.000 millones de euros.
El corredor mediterráneo, la ampliación de Bajaras, o la red de Cercanías son algunos de los proyectos
La organización presidida por Julián Núñez señala que la inversión en obra civil se situó en 39.400 millones en 2022, una cifra un 39,4% inferior a lo realizado en 2009. La patronal sostiene que, de mantenerse el ritmo de inversión actual, se tardará una década, hasta 2033, en recuperar los niveles de inversión pública precrisis. “Este documento no persigue ser un plan de infraestructuras, sino que es un análisis de prioridades para España”, explica el máximo responsable de la patronal.
El primer bloque de inversiones, las ya planificadas, se divide en tres áreas: infraestructuras de transporte (85.083 millones de euros, infraestructuras del ciclo hidrológico 2022-2027 (37.938 millones) e infraestructuras asociadas al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC 2023-2030 (34.196 millones). En total, el volumen inversor público se cuantifica en 157.216 millones de euros. El documento recoge planificaciones oficiales, algunas de ellas de hace años, para establecer todas las actuaciones que se podrían realizar de forma más o menos inmediata.
En la lista de obras, sobresale varios tramos del corredor atlántico como la construcción del tramo Burgos-Vitoria (1.492 millones) o la Y vasca de alta velocidad (400 millones) o finalizar el corredor mediterráneo, con tramos importantes pendientes como el Valencia-Castellón, cuya inversión asciende a 949 millones de euros. También se pone el foco en Cercanías en Madrid y Barcelona. Para la capital española, hay un plan inversor de 6.500 millones de los que sólo se han ejecutado 1.000 millones, mientras que en Barcelona se prevé una inversión de más de 9.000 millones con actuaciones como una línea orbital de Cercanías de Barcelona (5.000 millones) o la integración ferroviaria de l’Hospitalet por 1.000 millones.
Al ritmo de inversión actual se tardará una década en recuperar los niveles precrisis
En cuanto a carreteras, se prevé que la red del estado debe recibir 18.593 millones de euros. La actuación más destacable es el cierre M-50 entre la A-1 y la A-6 (33km) con 3.082 millones de euros de presupuesto. La inversión total prevista en actuaciones en la red de carreteras autonómicas a nivel nacional representa 5.473 millones. Otras obras destacables son los accesos al Puerto de Barcelona (600 millones), el plan de inversiones de Aena en Barajas (2.000 millones pendientes).
A nivel de ciclo del agua, el grueso de las actuaciones se concentran en el apartado de saneamiento (11.016 millones de euros). Las comunidades autónomas con más volumen de ejecución pendiente son Andalucía (1.040 millones) y Canarias (562 millones). El segundo grupo de inversiones más destacadas son las relacionadas con el regadío y abastecimiento (8.746 millones). En cuanto al PNIEC, uno de los principales objetivos es cubrir el 81% del consumo eléctrico con generación renovables. Para ello, se contempla una inversión pública necesaria de 7.646 millones en el desarrollo de la red de transmisión eléctrica como principal actuación.
