La gran mayoría recibimos con un suspiro de alivio la resolución del conflicto de la casa Orsola. El olfato político –otros dirán oportunismo– del alcalde Collboni le permitió aparecer como la solución de una situación que había recibido una notable atención de medios y ciudadanía. El Ayuntamiento se puso rápidamente la venda antes de la herida: dicen que hay unos 200 inmuebles en Barcelona en una situación similar. A 9,2 millones de euros por cabeza, es fácil entender que la vía orsoliana no se puede generalizar.

Quique García
Pero las objeciones no se acaban aquí. Solo se crearán nueve viviendas nuevas para el mercado de alquiler, social se supone. Las otras 18 permitirán no expulsar con aumentos desmesurados a los vecinos actuales a medida que se les acaben los contratos de alquiler. Por otra parte, estos vecinos no eran viejecitos desamparados ni inmigrantes amontonados; no se trataba de población en situación de riesgo, sino de clase media. Eso último, que se puede ver desde una vertiente negativa, también se puede contemplar como un guiño de las políticas de vivienda, no dirigidas exclusivamente a la población más marginal, sino también a una clase media cada vez más empobrecida. Otro punto conflictivo: el premio obtenido por montar un pollo bien organizado y con capacidad de resistencia. Pero, desengañémonos, la mayoría de reivindicaciones ciudadanas siguen este patrón. Y finalmente, la jugosa plusvalía que obtendrá la nueva propiedad, de un 50% en tres años.
En Europa
Necesitamos un informe Draghi sobre vivienda donde, además de dinero, haya un nuevo marco jurídico que limite la especulación
El problema del acceso a la vivienda es general en todas las grandes ciudades y áreas metropolitanas, tanto de Europa como de Norte américa. En nuestro caso quizás todavía es especialmente grave, con un aumento desmesurado de la población inmigrada. Solo la que proviene de países con una renta superior a la nuestra, en Barcelona se ha multiplicado por cuatro en pocos años. Barcelona y Madrid figuran entre las diez ciudades europeas más atractivas para hacer negocio inmobiliario. Y la inversión en inmuebles cada vez más se ha convertido en una destino refugio: bajo riesgo y rendimiento elevado. Al alcance de grandes y pequeños, porque es un negocio relativamente fácil. Y todavía afluirán más capitales si la ola proteccionista se consolida. El problema ya se percibe por la sociedad europea bastante complejo porque los ciudadanos tienen pocas expectativas de que las respectivas administraciones lo resuelvan. Pero al mismo tiempo ha sido el caldo de cultivo para que prosperen los que quieren volver a un viejo orden autoritario entre el descontento de la gente.
La vía orsoliana no tiene recorrido. Y ninguna otra solución mágica, incluso la construcción masiva, por sí sola, tampoco. Además, la solución no puede limitarse a lo que pueda hacer un gobierno municipal, regional o estatal. Hace falta el compromiso de una Europa ahora mareada con el rearme y la productividad. Necesitamos un informe Draghi sobre vivienda donde, además de dinero, se plantee un nuevo marco jurídico que limite las prácticas especulativas en el disfrute de un derecho fundamental que es la vivienda.