El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, celebró las nuevas condiciones del Consejo de Ministros sobre la opa del BBVA al Banc Sabadell porque, según su parecer, ponen por encima el interés general y garantizan “la competencia equilibrada, los derechos de los trabajadores, de los clientes y de las empresas”.
La opa sobre el Sabadell tiene un fuerte componente político y tanto el Govern como los actores empresariales y sociales de Catalunya han mostrado su rechazo a la operación, que consideran contraria a los intereses del tejido económico catalán. Ahora, la decisión del Gobierno central respalda la posición que la Generalitat ha mantenido frente al intento de fusión.
“Tal y como siempre hemos defendido desde el Govern de Catalunya, era necesario proteger un sistema bancario arraigado en el territorio y adaptado a las necesidades de las familias y empresas con una oferta justa”, subrayó al respecto el president en sus redes sociales. “La gestión rigurosa, dialogante y discreta ha dado sus frutos”, apostilló.
Illa quiso poner en valor el momento económico que vive Catalunya, con el regreso de las sedes de grandes compañías –entre ellas, la del Sabadell– como símbolo de estabilidad y de confianza para los mercados. Mantener la independencia del Sabadell forma parte de esta política. “Seguimos trabajando para que esta prosperidad sea compartida con todos y para desplegar todas las potencialidades del país”, dijo al respecto.
En la misma dirección se expresó la titular de Economia de la Generalitat, Alícia Romero. La consellera enfatizó que estos requisitos extra garantizan tener un sistema financiero equilibrado desde el punto de vista territorial. “De esta manera se atiende las necesidades del territorio, sobre todo para las pymes, además de permitir mantener los puestos de trabajo y la capacidad de decisión de los usuarios”, comentó. Romero no se pronunció sobre el desenlace que desea el Govern para esta opa. Son las entidades bancarias –señaló– las que deben analizar las condiciones y decidir cómo actuar. Más contundentes fueron los grupos independentistas. ERC espera que las condiciones del Gobierno a la opa la hagan “fracasar”, mientras que para Junts los nuevos requisitos “no son suficientemente contundentes” para garantizar que descarrile.
Fuera de Catalunya, la reacción fue diametralmente opuesta. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, acusó al Ejecutivo central de “no proteger ni el libre mercado ni los intereses generales”. A su entender, “solo protege” los intereses del PSC y de Illa al frente de la Generalitat.
