El llamado “caso Montoro” ha puesto de manifiesto la necesidad de regular los lobbies, también llamados grupos de presión o de interés. Desde hace años circulan borradores por el Congreso que ningún partido se atreve a convertir en Ley. Este vacío legal puede ser una de las razones por las que el caso del ex ministro de Hacienda del PP acabe como tantos otros en más ruido que nueces. Se han ensayado diversas iniciativas de autorregulación y ninguna ha sido efectiva. Las grandes empresas prefieren contar con el apoyo de los llamados “conseguidores”, cuyo objetivo no es tanto influir para mejorar la regulación como comprar voluntades. Los casos más evidentes han sido Antonio Navalón al inicio de la Transición y José Villarejo, el ex policía corrupto. El “conseguidor” es una actividad prohibida y sancionada por la ley. De hecho, el ex presidente de Banesto Mario Conde fue a la cárcel por pagar dinero para asegurar exenciones fiscales en un negocio de la venta de la corporación industrial del banco.
Otra cosa muy distinta es el lobby, aceptado y regulado en la UE, EE.UU. y en la mayoría de países desarrollados. Su objetivo es influir en los poderes públicos para frenar, modificar, o impulsar leyes o normas de acuerdo con sus intereses. Para ello cuentan con despachos especializados en regulación que realizan una legítima intermediación entre la Administración y las empresas. De alguna manera, ordenan el diálogo entre los funcionarios y las empresas. El fallo es que, al no estar regulados no hay transparencia. No sabemos cuándo se reúnen, con quién y por qué o para qué. A esta opacidad se suma que tampoco hay una trazabilidad de lo que consiguen, la huella legislativa que tienen derecho a conocer los ciudadanos.
Falta de regulación
El llamado “caso Montoro” nos recuerda la necesidad de regular por ley los lobbies y los grupos de presión para evitar conflictos de intereses o incluso delitos
Cristóbal Montoro creó, con quienes habían sido sus colaboradores, una consultora dos años después de su salida del gobierno de José María Aznar en 2006 –fue ministro de Hacienda en dos ocasiones, la primera entre 2000 y 2004, y la segunda entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy– y la abandonó formalmente en 2008.
No fue un caso excepcional, sino bastante habitual. Cuando un ministro cesaba y superaba los dos años de carencia para trabajar en el sector en que había ejercido, buscaba una salida profesional creando un despacho. Fue el caso el caso de Solchaga & Recio o el de Acento de José Blanco, que hoy por hoy tiene mucha influencia en el gobierno socialista. Un caso paradigmático es el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por su intermediación con Venezuela, que ha criticado el líder histórico del PSOE, Felipe González.
Montoro, en una imagen de archivo
La acusación más relevante contra Montoro es que a pesar de abandonar su despacho, se llevó a parte de sus colaboradores en Hacienda y les permitió hacer lobby. Hasta el momento no se ha podido demostrar que Estudio Económico haya pagado a Montoro o a su equipo por favorecer a los clientes de su antiguo despacho, pero los indicios han llevado al juez a su imputación.
Montoro nunca mostró debilidad por el dinero. Provenía de una familia sin recursos, militó en la izquierda radical y nunca le faltó el trabajo. Por el contrario, sí demostró vehemencia y un carácter justiciero. Hizo muchos enemigos y se le acusó de presionar y de acceder y utilizar la información fiscal de periodistas, empresas y políticos. De demostrarse, sería un delito. La protección de los datos es un derecho constitucional. Éste, y no su enriquecimiento puede ser su talón de Aquiles.
Enemigos mortales
Cristóbal Montoro tiene muchísimos enemigos porque ha hecho pagar impuestos a todos: políticos, empresarios, periodistas y empresas. A veces ha cambiado las reglas de juego a mitad del partido para aumentar la recaudación en unos años en los que España estaba al borde de la quiebra. Pero su peor enemigo es quien fue su jefe, Rodrigo Rato. El exvicepresidente económico ha anunciado que se personará como parte afectada porque se utilizó información de la Agencia Tributaria para encausarle, lo que en su opinión es un delito.