Los pisos turísticos tienen fecha de cierre en Catalunya. El decreto ley aprobado por la Generalitat prevé la extinción de todas las licencias a finales de 2028 y obliga a los propietarios a solicitarlas de nuevo. Solo los municipios que adapten su planteamiento urbanístico justificando que tienen suelo suficiente para abastecer la demanda de residencia habitual podrán tener viviendas de uso turístico y con un máximo de diez para cada 100 habitantes. Con esta medida, que afecta a 269 municipios, el Govern proporciona a los consistorios el paraguas jurídico para restringir esta modalidad de alquiler y ampliar así su parque residencial. El primero en recoger el guante fue Barcelona y el alcalde mantiene firme su voluntad de extinguir las casi 10.000 licencias que hay actualmente en la ciudad. La asociación que representa a propietarios y gestores de las viviendas turísticas, Apartur, han abierto todos los frentes para evitar el cese de su actividad.
En Barcelona, Collboni enmarcó su intención de no otorgar ninguna licencia de alquiler turístico a partir de noviembre de 2028, como medida estrella del Pla Viure. No en vano, con los precios de la vivienda disparados, la cuestión se ha convertido en el primer problema para los barceloneses, según el último barómetro municipal. Con la supresión de los pisos de alquiler turístico, el alcalde mata dos pájaros de un tiro. Por una parte, espera que las viviendas ahora para turistas pasen al mercado del alquiler o venta para barceloneses y, por otro, contribuye a frenar la masificación turística –suponen el 38,2% del alojamiento turístico de la ciudad–, otra de las cuestiones que sube posiciones en el barómetro.
En Barcelona hay 9.818 licencias de pisos turísticos, una cifra que se mantiene estable desde 2014
Sin embargo, ni un argumento ni el otro le sirve a Apartur. “El número de licencias de viviendas turísticas se mantiene estable desde 2014 y, sin embargo, el precio de la vivienda ha seguido subiendo”, mantiene Marian Muro, directora general de esta entidad. “El problema de la vivienda responde a muchos factores y el principal es que no se ha alentado la construcción durante los últimos años, al contrario”, añade. Sobre la desaparición de un día a otro de más de un tercio de las plazas turísticas de la ciudad, Apartur alerta de la proliferación de la oferta ilegal y advierte del incremento del precio de la oferta hotelera.
Apartur mantiene que los pisos turísticos son los mismos desde 2014 y el precio de la vivienda sigue subiendo
Los propietarios de pisos turísticos han presentado reclamaciones patrimoniales por valor de 4.280 millones al Govern por el perjuicio que consideran que les causará la extinción de las licencias. Además, la Federació Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) y la Asociación Europea de Viviendas Vacacionales (EHHA) presentaron una denuncia ante la Comisión Europea contra el decreto al considerar que vulnera al menos seis apartados de la normativa comunitaria, es desproporcionada y restringe el derecho a la propiedad privada.
Los propietarios de los pisos han presentado reclamaciones patrimoniales por valor de 4.280 millones
La última acción de Federatur llegó esta semana, tras conocerse que el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se hará cargo del grupo hotelero familiar, Golden Hotels. Federatur ha pedido que se invalide el decreto, porque Aragonès “pudo actuar en conflicto de interés” y ha iniciado una recogida de firmas para presentar un escrito en el Parlament “y se reabra el debate político”.
Campaña contra los ilegales
Uno de los frentes que desde hace años tiene abierto el Ayuntamiento de Barcelona es la detección y cierre de los pisos turísticos ilegales, los que se alquilan sin licencia por un periodo inferior a los 31 días. En este sentido, el consistorio y Airbnb han estado negociado la renovación del convenio de colaboración para acelerar la retirada de la plataforma de los anuncios de pisos turísticos ilegales.
El nuevo documento contempla la reducción del plazo para que la plataforma desactive estos anuncios, que hasta este verano era de unos quince días y que, en el caso de que se trate de una publicación reincidente, la eliminación sea inmediata. Además, el consistorio pidió a Airbnb que antes de activar un anuncio verifique la identidad del anfitrión y que la dirección corresponda con la de la licencia. El Ayuntamiento también propuso un sistema web de “desactivación rápida” de los pisos turísticos ilegales ofertados. En el último listado mensual, los equipos municipales contabilizaron unos 350 anuncios de pisos turísticos ilegales.
Por su parte, la asociación de apartamentos turísticos de Barcelona (Apartur) presentó hace unos días un canal anónimo, ‘Apartur Denuncia’, para que la ciudadanía denuncie las habitaciones o pisos enteros que se utilizan como alojamientos turísticos sin tener licencia, que estiman que pueden ser de alrededor de unos 3.000. De esta forma, la población también podrá alertar confidencialmente de la existencia de alojamientos turísticos ilegales que crean tener en su comunidad de vecinos a través de un enlace de la página web de la entidad. Tal y como explicó su presidente, Enrique Alcántara, luego Apartur tramitará la correspondiente denuncia ante el Ayuntamiento.
