El debate sobre la vivienda en Barcelona parece señalar a muchos culpables pero aporta pocas soluciones. Uno de los más demonizados son los pisos turísticos legales. Pero estos alojamientos apenas representan el 1% del parque total de viviendas de la ciudad y llevan una década inamovibles en torno a 10.000 licencias, mientras el precio del alquiler no ha parado de crecer. En 2014 Barcelona acordó restringir nuevas aperturas, lo que ha hecho que este sea un sector regulado y ordenado en la ciudad. Además, su eliminación, aseguran los expertos, no garantiza que vayan a pasar al mercado del alquiler de larga duración, como sostienen las administraciones que impulsan su supresión.
Un informe de la consultora PwC sobre la eliminación de las viviendas de uso turístico en Barcelona, elaborado para Apartur, niega la supuesta relación entre pisos turísticos y encarecimiento de la vivienda. Mientras el precio del alquiler por m² se ha incrementado un 72% en los últimos diez años, el número de pisos turísticos solo ha crecido un 2,2%, gracias a la regulación pionera implementada desde 2014. El estudio pone como ejemplo el Eixample, el único distrito donde el número de pisos turísticos disminuyó entre 2014 y 2023 (un 3%), mientras el alquiler subía un 82%.
El sector acusa a la administración de atacar a una actividad económica regulada y contributiva, desprotegiendo a los pequeños propietarios y ahorradores, favoreciendo un monopolio, y olvidándose del turismo familiar
El Ayuntamiento prevé eliminar las licencias en 2028, bajo la premisa de que estos inmuebles pasarán automáticamente al mercado de alquiler de larga duración. Pero según un estudio de la Universitat Pompeu Fabra y Tecnocasa, eliminar los 10.000 pisos turísticos no servirá para resolver la crisis habitacional porque los propietarios, que en base al derecho de propiedad decidirán qué hacer con su vivienda, optarán previsiblemente por otras opciones, como venderlos, lo que reducirá aún más la oferta de alquiler. Por lo tanto, esas viviendas podrían quedar en un limbo: ni disponibles para el turismo ni útiles para el mercado del alquiler de larga duración.
Fernando Gos-Gayón López, director del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, advierte que señalar al turismo como principal responsable de la crisis habitacional es una “coartada”. No hay vivienda protegida, los proyectos de acceso asequible están atascados y el coste de ejecución material ha subido más del 30% desde 2020.
José García-Montalvo, coordinador de la cátedra Tecnocasa de la UPF, explica que durante la burbuja inmobiliaria se construían 600.000 viviendas para una demanda de 300.000. Hoy, la demanda supera a la oferta y “la construcción no reacciona” por falta de elasticidad, escasez de mano de obra especializada y lenta adopción de soluciones como la industrialización. El informe de PwC concluye que el aumento de precios se debe al estancamiento del stock de pisos y al incremento de población, mientras se producía un crecimiento de la demanda impulsado por la actividad económica.
Fuente: Datos extraídos del informe de PwC sobre el impacto de la eliminación de las viviendas de uso turístico en Barcelona
La eliminación de los pisos turísticos legales tendría, además, un impacto económico contundente. Según el mismo estudio, el sector aporta 1.900 millones de euros al PIB barcelonés y genera 40.000 empleos en la cadena de valor. El 65% del gasto de los usuarios va directamente al comercio y restauración de barrio, dinamizando la economía local.
Los pisos turísticos representan el 40% de la oferta de alojamiento turístico de Barcelona. Su eliminación, denuncia su patronal, perjudicaría especialmente al turismo familiar —una de cada dos familias que visitan la ciudad los eligen— y de negocios —cuatro de cada diez participantes en congresos y ferias—.
Los pisos turísticos representan el 40% de la oferta de alojamiento turístico de Barcelona. De hecho, una de cada dos familias que visitan la ciudad los eligen
Barcelona fue pionera en Europa al regular los pisos turísticos en 2012, pero la eliminación de la oferta legal podría hacer resurgir el mercado negro, alerta Apartur, que ha desarrollado una herramienta de denuncia anónima de habitaciones o pisos turísticos sin licencia.
Los pequeños propietarios de pisos turísticos —el 80% del sector— han denunciado ante Europa el decreto ley catalán 3/2023 que deroga las licencias, alegando que infringe hasta seis apartados de la normativa comunitaria. La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se han mostrado contrarias. Por su parte, Federatur, la Federació Catalana de Pisos Turístics, ha denunciado que Pere Aragonès pudo actuar en conflicto de interés al firmar el decreto ley que derogará sus licencias.