Phoenix Vigilancia y Seguridad ha entrado en concurso de acreedores con un pasivo de 13 millones de euros. La compañía barcelonesa se ha visto abocada a esta situación a causa de una actuación de la Agencia Tributaria, que reclama alrededor de 10 millones de euros procedentes de una sucesión de empresa que, bajo su juicio, Phoenix no declaró como es debido. Fuentes conocedoras del proceso comentan que Phoenix asumió la cartera de clientes de una empresa competidora que había entrado en concurso y que debía a Hacienda estos 10 millones de euros.
Como consecuencia, la Agencia Tributaria ha derivado esta responsabilidad a Phoenix y le ha embargado la actividad, una actuación que habría causado la insolvencia de la compañía. El pasivo asciende a casi 13 millones, siendo acreedores Hacienda (con 10 millones) y varias entidades financieras y proveedores, con 2,9 millones.
Fundada el año 2003 en l’Hospitalet de Llobregat, Phoenix es una compañía que factura unos 15 millones de euros al año y emplea 690 personas, la gran mayoría vigilantes de seguridad. Controlada por Javier Ramos, presta servicios a otras empresas y tiene delegaciones en Girona, Lleida y Reus.
Hacienda reclama 10 millones de euros a la compañía por una sucesión de empresas
El futuro del negocio está en manos del juzgado mercantil 2 de Barcelona, que ha designado a Jordi Albiol, del despacho RCD Legal, como administrador concursal para supervisar el proceso. Según comenta, el juzgado está trabajando con celeridad y hay posibilidades de salvar los 690 empleos. Una empresa madrileña, llamada Alerta y Control, ha presentado una oferta para adquirir la unidad productiva y contempla mantener el 100% de la plantilla. El proceso de concurrencia todavía no ha finalizado y otras empresas aun tienen tiempo para presentar sus ofertas.
De manera paralela, Phoenix ha iniciado actuaciones contra la Agencia Tributaria porque considera que no hubo sucesión de empresa cuando asumió la cartera de clientes de un competidor que estaba en concurso de acreedores. Si finalmente la justicia da la razón a la compañía y se produce la venta de la unidad productiva a un tercero, estas fuentes señalan que dicha operación “sería irreversible ya que se habría producido de buena fe”. Entonces, señalan, Hacienda debería pagar una indemnización de daños y perjuicios a Phoenix por haber provocado el concurso de acreedores.
