Desde el cisma del 2017, cuando las tres telecos –y varios de sus proveedores– partieron peras con Ametic, la asociación que amalgamaba las empresas de las TIC en España, la representación institucional del sector sigue atomizada, aunque teniendo a la CEOE como referencia. Todo indica que la situación es irreversible en un sector que, en conjunto, facturó 138.000 millones de euros el año pasado. Este preludio fue la premisa de una larga conversación con Alberto Pascual, presidente de la Asociación @aslan, entidad fundada en 1989 con unos objetivos ajenos a la divisoria de aguas. “Nuestras 202 asociadas abarcan todas las áreas del espectro tecnológico y, dentro de cada una de ellas, creemos están las más representativas”.
Las empresas de TI no echan en falta la ausencia de las telecos, agrupadas en DigitalES y cuya vida está condicionada por la regulación, a diferencia de aquellas. Al respecto, Pascual señala que los operadores están muy presentes en el negocio de integración, lo que objetivamente las acerca al otro bloque. Pero, aclara, nadie dice estar a favor de una fusión.
Quedan todavía 25.000 millones pendientes de los fondos Next Generation
Durante años, Aslan fue esencialmente una organización de tecnólogos para tecnólogos –dice el entrevistado–, hasta que se descubrió que otra forma de ayudarles era promover el uso de la tecnología en los consejos de administración o en las instancias que deciden el mejor uso de los recursos públicos. “Subimos el nivel de la interlocución y nos convertimos en aliados de los tecnólogos en la defensa de sus propuestas ante quienes en última instancia deciden”.
Aunque las necesidades de las empresas pueden estar cubiertas por otras asociaciones, “creemos que es bueno el alineamiento entre unas y otras para que el mensaje llegue a quienes diseñan las políticas. En el trato con las autoridades, pretendemos inspirarlas, tras haber identificado las tendencias dominantes y recogido, de las asociadas, cuáles son sus planteamientos”.
Asla desarrolla unas 60 actividades anuales, entre ellas una gira tecnológica por las comunidades autónomas. He ahí un punto clave: a la salida de la pandemia, las reglas de contratación pública estaban mal preparadas para acoger los fondos Next Generation de la Unión Europea. La asociación preparó un documento con recomendaciones que, según Pascual, han tenido mucho éxito. Probablemente haya sido Catalunya la comunidad en la que esa interlocución ha cuajado más fácilmente. “Ha pasado de regirse por un contexto de acuerdos marco por equis años a adoptar sistemas dinámicos de adquisición pública, en consonancia con nuestro documento. Hemos tratado de promover en otras comunidades autónomas la creación de organismos con atribuciones como las que tiene el CTTI y tenemos como regla trasladar los ejemplos de buenas prácticas”.
El CTTI catalán es un ejemplo de buenas prácticas en las compras públicas
Sostiene Pascual que detrás de cada tecnología de casi cualquier multinacional, grande o pequeña, hay un ecosistema que ha sido financiado en parte con dinero público. Cita otra vez los fondos Next Generation, de los que –dice– unos 25.000 millones no se han sabido aprovechar, y el tiempo apremia. Hay varios diagnósticos, de los que entresaca uno: “Nos transmiten que muchas empresas temen pillarse los dedos con los plazos de ejecución y acabar perdiendo dinero por no haber llegado a tiempo”. Hay que reconocer, añade, que la CE ha sido muy garantista a la hora de asegurar que los fondos no se malversaran, para lo que ha establecido unas reglas rígidas que pueden haber hecho más compleja su gestión, dependiendo de cada empresa.
Pascual se ratifica en que la diversidad de representación enriquece a todos. “Además, perderíamos eficacia si fuéramos una única voz”. Él sabrá por qué lo dice.