El magistrado Álvaro Lobato, titular del juzgado mercantil 2 de Barcelona, acaba de publicar el libro El mito de la segunda oportunidad, en el que recoge su visión sobre el mecanismo de exoneración de las deudas a particulares y empresarios.
¿Qué le empuja a escribir este libro?
He trabajado toda mi vida en el sector privado como abogado y cuando en el 2022 reingresé a la carrera judicial no sabía qué era la ley de la Segunda Oportunidad. En principio, me pareció una ley muy razonable. Sin embargo, con los años he visto que se está haciendo un uso enormemente abusivo.
¿En qué sentido?
Los jueces conceden de manera automatizada el perdón de las deudas, la reforma de la ley concursal en el 2022 simplificó el proceso. Eso provoca que en España se concedan el 98% de las solicitudes, una tasa inusualmente alta y desproporcionada. En Francia, el Reino Unido o EE.UU. Es del 80% o menos.
¿Por qué?
No hay mecanismos efectivos de control. Hay una nebulosa. Los acreedores en muchas ocasiones ni se enteran del proceso ni les sale a cuenta oponerse. Al final, el mensaje que manda a la población es: “Oiga, pida créditos que después se los van a perdonar”. Y se ha creado una industria de plataformas y abogados que se lucran de ello.
¿Los bancos no son responsables de la concesión de créditos?
Culpar al banco es como culpar al fabricante de la pistola del crimen cometido. El banco tiene una obligación de vigilar la concesión del crédito y es el primero interesado porque tiene que provisionarlo. Sin embargo, tiene dificultades: no conoce la solvencia del solicitante de manera inmediata, hay un decalaje en la obtención de estos datos.
¿Entonces es culpa del deudor?
Es temerario solicitar préstamos por importe de 100.000 o 200.000 euros ganando 1.500 euros al mes. En muchos casos, el deudor sabe que no los puede pagar desde el inicio y esto en el ámbito penal sería una estafa porque está engañando. En España hay mucha cultura del incumplimiento, de la queja...
También hay situaciones dramáticas.
Yo no niego que hay personas que necesitan ayuda del Estado, la vida está muy cara, pero esta ayuda no puede llegar con la fórmula del concurso y la exoneración, sino aumentando el gasto social para estos colectivos, porque al final la consecuencia la pagamos entre todos.
¿En qué sentido?
He calculado que la factura de la exoneración de deudas a personas físicas es de 2.400 millones de euros al año. Y este coste lo acaba asumiendo toda la población porque los bancos lo desplazan con un alza de comisiones. El crédito se encarece, lo cual es perjudicial para la economía, se distorsiona el mercado y esto es peligroso. La ley es muy bonita pero es populista. ¿Quién no quiere dar segundas oportunidades? Vende mucho ir contra los bancos, pero estos nos acaban trasladando el coste a todos.
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¿Por qué nadie ha actuado para frenar este fenómeno?
Por desconocimiento, porque el análisis coste-beneficio está ausente de las políticas públicas.
¿Y los juzgados no podrían actuar?
Sí, se puede controlar más. Yo, de hecho, deniego las solicitudes, pero la Audiencia de Barcelona me revoca las resoluciones. Ahora, con los tribunales de instancia, queremos protocolizar los requisitos y la documentación. Es probable que se tenga que reformar la ley para limitar y controlar la exoneración.
Usted también propone otra solución rompedora en el libro.
Sí, desjudicializar esta cuestión: que sea el Banco de España, como sucede en Francia, el que controle y conceda el perdón, los juzgados no tienen medios para hacerlo.
¿Por qué dedica el libro a las inspectoras de Trabajo que declararon en el juicio de Glovo y a los “ingenuos” que confían en la España sindicalizada?
Es una broma cariñosa. No creo que la Inspección de Trabajo tenga que pronunciarse con esa agresividad como hizo en aquel juicio, debería mantener cierta objetividad.
