La SEPI y el consorcio vasco liderado por Sidenor se hacen con el control de Talgo

La junta de accionistas de Talgo, reunida este viernes, ha aprobado la ampliación de capital y el acuerdo de nueva financiación para la compañía como pasos previos para formalizar la adquisición por parte del consorcio vasco liderado por Sidenor, del 29,78% del capital de la compañía en el que también estará el Gobierno español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

“La aprobación y ejecución de estas operaciones contempladas son indispensables para preservar el futuro de la Sociedad y del Grupo Talgo”, ha asegurado el presidente de Talgo, Carlos Palacio Oriol, en la que posiblemente pueda ser su última intervención en la Junta, ya que será sustituido próximamente.

La compañía encara así la recta final de un proceso que durante casi dos años ha librado el fondo de inversión Trilantic, socio mayoritario propietario del 29,78% de las acciones, para salir del capital del fabricante de trenes vasco. Para ello, no solo ha sido necesario, por imperativo del Gobierno, localizar un socio industrial español, Sidenor. Si no también acompañarlo de socios financieros como el Gobierno vasco a través un fondo inversión junto con las fundaciones de las antiguas cajas vascas BBK y Vital, con una inversión de 156,67 millones -que sitúa la acción a 4,25 euros. 

A ellos se sumará el Gobierno español que entrará en el accionariado a través de la SEPI, una vez aprobada este viernes la ampliación de capital por un total de 75 millones de euros (45 millones en efectivo junto a una emisión de 30 millones de bonos convertibles), que una vez aprobada hoy ha servido para que el Estado ostente el 7,8% del capital y  haya propuesto al empresario presidente de SEA Empresas Alavesas y presidente de patronal alavesa, Juan Antonio Sánchez Corchero, como su representante en el consejo de administración de Talgo.

En la junta de este viernes se ha aprobado  también la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por 30 millones de euros, la emisión de otros 750 bonos convertibles de 75 millones y la formalización de contrato de financiación sindicado de hasta 770 millones de euros y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

Por otra parte, se ha reducido el número de miembros del consejo de administración a ocho.

El presidente saliente de Talgo, ha recordado el daño que este largo proceso de salida de Trilantic ha infligido a la compañía. “La ausencia de un marco accionarial estable ha generado reveses en la gestión y han deteriorado de manera significativa la posición competitiva, económica y financiera de la sociedad”, ha manifestado.

Cabe recordar que este proceso arrancó en marzo de 2024, cuando el consorcio húngaro liderado por Ganz Mavag, lanzó una OPA por el 100% de Talgo ofreciendo 650 millones de euros, lo que suponía valorar la acción de la compañía en 5 euros. El Gobierno español, con el ministro de Transportes a la cabeza, vetó la operación calificando Talgo de empresa estratégica y argumentando razones de seguridad nacional frente a un grupo empresarial ligado al gobierno de ultraderechista Viktor Orban y a Rusia.  

Diferentes ofertas internacionales fueron también descartadas hasta que a principios de 2025, el industrial vasco Jose Antonio Jainaga propietario de Sidenor emerge como el posible comprador de Talgo, aunque con una oferta muy alejada de las que se habían conocido hasta ese momento. Frente a la adquisición del 100% de Talgo, el vasco propone adquirir solo el paquete mayoritario propiedad de Trilantic y miembros de la familia Oriol, fundadora de la compañía, y un precio final de 4,25 euros por acción considerablemente más bajo que la inicial de los húngaros.  Un desincentivo para Trilantic que pese a sus intentos no ha tenido más remedio que aceptar. 

Los nuevos accionistas de Talgo deberán asumir el control de la compañía nombrando a un nuevo presidente, según apuntó hace unas semanas el propio ministro de Transportes, Óscar López, trasladar su sede de Las Matas en Madrid al País Vasco según prometió el consorcio vasco cuando presentó su propuesta y gestionar uno de los impactos financieros que más preocupa a la compañía la multa de Renfe de 116 millones de euros por el retraso en la entrega de los trenes del modelo Avril, cuya provisión en sus cuentas, le llevó el año pasado a reportar unas pérdidas de 107 millones de euros.