Andorra, in Teruel, the long-awaited conversion

En junio del 2020, la central térmica de Endesa en Andorra, provincia de Teruel, echaba el cierre definitivo. Con su desconexión del sistema eléctrico nacional se ponía punto y final a un sector que marcó el ­desarrollo económico de la zona durante más de cuatro décadas. En su lugar, la gran apuesta de futuro era el Nudo Mudéjar, 1.800 millones de euros de inversión de la eléctrica en un paquete de 14 plantas de energías renovables hibridadas y un plan de acompañamiento para la generación de actividad industrial y socioeconómica. Una reconversión muy esperada pero que, para desesperación de sus vecinos, todavía no ha arrancado.

“La transición no está siendo justa ni rápida”, expresses the town's mayor, Rafael Guía, his regret. He believes it was a mistake to discontinue a production model centered on mining and electricity generation without introducing other industries to employ the displaced workforce. “Fiamos todo al Nudo Mudéjar y su plan de acompañamiento, pero no se han cumplido las expectativas”, he adds.

La clausura de la instalación y las minas más recientes impactó a más de 500 individuos de compañías principales y subcontratadas. Endesa acordó un programa de reubicación para alrededor de treinta empleados. Algunos encontraron trabajo temporal en el desmantelamiento de la central, finalizado en 2024, o en la edificación de dos parques solares ya operativos. Otros se integraron en emprendimientos como la nueva maderera JV20 Forest, que emplea a 45 trabajadores. Si bien estos proyectos son positivos, resultan insuficientes para compensar todas las pérdidas y no alcanzan las expectativas: 6.300 empleos en la construcción del Nudo y 370 directos vinculados al proyecto de energía renovable en 2029 (con un potencial de hasta 500 incluyendo todos los planes).

“Se prometieron muchas cosas, pero aquí no ha llegado nada y la gente tiene que irse fuera a buscarse la vida”, denuncia Alejo Galve, el principal representante de UGT en Teruel y antiguo empleado de la planta. En los últimos diez años, la localidad ha visto disminuir su población registrada en aproximadamente 1.200, cayendo hasta los 7.250 actuales. Este descenso es un patrón que se repite en la mayor parte de las localidades de la región, y su impacto se hace evidente en los establecimientos de hostelería y comercio.

Ante este escenario, el Bajo Aragón insta a Endesa y al Ministerio para la Transición Ecológica a acelerar los procedimientos. No obstante, la compañía eléctrica señala que no iniciarán la implementación de los planes correspondientes hasta obtener la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para los siete parques eólicos y un número similar de plantas solares. “No sabemos cuándo se va a publicar, solo que se ha retrasado”, indican. Por su parte, el Miteco afirma que la iniciativa “es muy grande” y que la valoración del impacto ambiental, “ya en una fase muy avanzada, es muy compleja”, aunque sin plazos definidos. Ante esta inacción, los afectados depositan sus esperanzas en el proyecto Catalina, una instalación de hidrógeno verde impulsada en la región por la firma danesa CIP y Enagás, que prevé una inversión de 2.200 millones y la creación de 800 puestos de trabajo. “Si al final se cumple, supliría con garantías el empleo perdido en el carbón”, manifiesta el alcalde.

El líder del proyecto, José Gómez-Arroyo, ratifica que aguardan las autorizaciones ambientales, las cuales anticipan obtener en “los primeros meses” de 2026, y prevén iniciar operaciones en 2029. No obstante, esto está supeditado a la edificación del conducto que llevará el hidrógeno a las ubicaciones de consumo en la zona este de la península. “Es el punto más importante y crítico del que depende Catalina”, indica. Las dudas existentes les han impulsado a declinar la ayuda de 230 millones del Banco Europeo del Hidrógeno debido a sus “estrictas” estipulaciones, como la ausencia de “flexibilidad” en los cronogramas.

Mientras, a la comarca solo le queda esperar resignada a que estos proyectos cristalicen, y le dan un “tirón de orejas” al Gobierno autonómico por no llevar a Teruel ninguno de los numerosos centros de datos anunciados los últimos años.