Papeles para todos

Acertado en el fondo pero equivocado en las formas. Se trata de una tónica recurrente en el estilo de mando de Pedro Sánchez. En materias de gran calado económico, político y social, como la amnistía, la financiación autónoma o la presente regularización masiva de inmigrantes, no ha intentado forjar acuerdos para tramitarlas, sino que ha optado por el conflicto. Es el resultado previsible de permanecer en el mando tras haber sido derrotado en las urnas: “Es legal pero no adecuado”. Así se lo manifestó el fallecido Luis Enrique Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Sánchez cuando este buscó acceder a la Moncloa en 2015, pese a que el PSOE registró con él su peor cifra electoral en democracia. Desde aquel periodo, ha priorizado su ambición individual sobre la del partido.

En relación con el proceso de regularización destinado a legalizar a más de 500.000 extranjeros en condición irregular, ya se contaba con un extenso acuerdo, tanto en el ámbito social como en el político. Esto quedó evidenciado cuando durante el 2023 la totalidad de las formaciones parlamentarias, a excepción de Vox, respaldaron la iniciativa legislativa popular (ILP). Se trata de una disposición que ofrece mayores beneficios que perjuicios. Facilitará el combate frente a la economía sumergida, incrementará la cifra de cotizantes a la Seguridad Social y elevará en las estadísticas la generación de puestos de trabajo que comenzarán a tributar el IRPF. En momentos en que la economía comience a debilitarse, el Gobierno de coalición progresista tendrá la oportunidad de alardear de que “España va bien”, si bien en el entorno económico real la situación permanecerá idéntica.

La ILP dispone del soporte de la Iglesia por cuestiones de justicia social, debido a que ayudaría a quienes tienen miedo a ser arrestados. Las asociaciones empresariales la avalan porque simplifica el reclutamiento de personal y los sindicatos consideran que es una opción para elevar su volumen de socios. Pese a ello, el mecanismo para regularizar a extranjeros en estado administrativo irregular conlleva algunos aspectos desfavorables. Resalta que esta dinámica se ha tornado común; la presente regulación es la séptima oportunidad en que se ejecuta en España, siendo impulsada por gabinetes de distintas ideologías, mayoritariamente por factores económicos y de votos, y conlleva un relevante efecto llamada.

Debido a tal circunstancia, la Unión Europea ha manifestado su rotunda negativa ante la regularización masiva de los migrantes que atraviesan los límites fronterizos de forma irregular. La legislación debe respetarse y la estrategia migratoria debe sustentarse en canales “regulares, seguras y ordenadas”. La carencia de previsión en cuanto al acceso habitacional, servicios de salud y formación académica, además de la salvaguarda de los beneficios de empleo y protección social para los individuos regularizados, ha resultado ser una consecuencia inmediata.

Frecuentemente, se ha priorizado el aumento del flujo migratorio para impulsar el progreso económico o asegurar la viabilidad de las pensiones, sin evaluar de forma apropiada los requerimientos de inclusión y la calidad de vida de este colectivo.

La administración central desatendió la ILP con el fin de eludir tensiones con Bruselas hasta que resultó de su interés estratégico. Acordó con Podemos un proceso de regularización a gran escala omitiendo al Parlamento, logrando de este modo desviar la atención de los problemas ferroviarios, con la intención de garantizar el pacto de investidura para sacar adelante las cuentas públicas de 2026, lo cual permitiría agotar el mandato. Asimismo, fomentó la fragmentación del sufragio conservador, potenciando a Vox en detrimento del PP. Nuevamente, las libertades de las personas migrantes quedan relegadas ante las conveniencias partidistas y financieras predominantes.