El continuo incremento de energías renovables, el futuro cierre de plantas nucleares y el final de la vida útil de muchos ciclos combinados de gas unido a un futuro incremento de la demanda eléctrica en la economía española dibuja riesgos en la capacidad del sistema eléctrico español para garantizar el suministro eléctrico a todos los consumidores en momentos extremos.
Ante esa posibilidad y tras años de demanda por parte de las empresas del sector, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha diseñado un mecanismo que garantice que esos apagones no se producirán.
Mecanismo de capacidad
En el argot eléctrico ese mecanismo se denomina “mecanismo de capacidad” y consiste en pagar a compañías eléctricas, grandes empresas con margen para frenar su consumo o con alternativas para hacerlo e incluso a grupos de pequeñas agrupaciones energéticas para que en caso de que haya una situación extrema se comprometan a ceder sus consumos en beneficio del resto de consumidores.
El diseño de este complicado sistema fue lanzado ayer en audiencia pública por exigencia de Bruselas para que, durante 6 semanas, el sector pueda aportar ideas sea posible que el sistema eléctrico peninsular español (no afectará a las islas) tenga garantía suficiente y al mismo tiempo para incentivar que esas garantías sea lo más sostenible posible. Es decir, con un sistema que pagará más a baterías eléctricas o almacenamiento hidráulico, por ejemplo, que a los ciclos combinados de gas.
En marcha en 2026
Según indicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ese nuevo sistema se articulará mediante subastas, cuyo objetivo es que sean lanzadas a partir de 2025 y a las que podrán acudir la mayoría de tecnologías de generación -siendo tecnológicamente neutro (generación, almacenamiento y demanda, incluyendo agregación), aunque con algunos requisitos-, con la idea de que el servicio esté en marcha de manera transitoria a partir de 2026.
“El objetivo es tramitar la versión definitiva de la orden por la vía más urgente, ya que hay mucha voluntad política en impulsar la medida y se considera una prioridad, con el fin de que se pueda convocar y celebrar la primera de las subastas antes del verano”, han asegurado fuentes ministeriales. El texto lleva meses trabajándose con la Dirección General de Energía de la Unión Europa que lo tendrá que autorizar posteriormente de la misma forma que tendrá que hacerlo las autoridades de Competencia de la UE, ya que estos pagos se consideran ayudas de Estado.
Urgencia política
Frente a lo que ocurre en el mercado marginalista donde la última tecnología que entra es la que marca el precio. Este sistema de subastas se realiza a sobre cerrado y cada interesado en participar ofrece un precio que será el que reciba si es aceptado. Además se establecerá un precio máximo a sobre cerrado. Es decir, que no lo sabrá ninguno de los participantes. El que supere esa cantidad quedará fuera.
Tampoco serán aceptados quienes no cumplan determinados requisitos medioambientales como por ejemplo emitir menos de 550 gramos de CO2 por KWh; así como cumplir los requisitos de firmeza y flexibilidad que fije cada procedimiento de concurrencia competitiva para permitir la integración de renovables y no perciban ningún tipo de retribución regulada (RECORE) o pagos por capacidad. Asimismo, cuando se trate de nuevas inversiones, sólo podrán corresponder a tecnologías renovables, almacenamiento o demanda. Entre otros muchos.
Tres tipos de subastas
La propuesta además recoge la celebración de hasta tres tipos diferentes de subasta. Una principal en la que podrán participar instalaciones existentes y nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria, hasta cinco años después de la adjudicación.
Con carácter general se celebrarán anualmente, siempre que se haya detectado necesidades de firmeza y la duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones, y entre uno y 10 años para nuevas demandas.
Otro modelo será la subasta de ajuste anual, en la que sólo podrán participar instalaciones en servicio, que prestarán el servicio durante 12 meses, a contar a partir de una fecha definida en la convocatoria, dentro de los siguientes 12 meses desde la adjudicación.
Coste todavía desconocido
Y un tercer tipo que será la subasta transitoria, que garantizará la firmeza del sistema eléctrico desde el momento que se apruebe este mecanismo hasta que los proyectos nuevos que hayan sido adjudicatarios de la subasta principal estén totalmente operativos.
La consulta pública se centra en todos estos aspectos técnicos a cuya complejidad acusan en el ministerio la imposibilidad de precisar el coste de la medida. De lo que no cabe ninguna duda es que él mismo será cargado directamente a las facturas de los consumidores como ocurre ahora con las tasas y peajes. Tal y como ocurre con estos también será proporcional al consumo. Es decir, los clientes que más consuman como las grandes empresas pagarán más que los consumidores domésticos.
