El Consejo de Ministros de este lunes ha aprobado una amplia batería de medidas para concluir el año, entre las que figuran la prórroga hasta mediados del 2025 de los descuentos al transporte, la prolongación dos años del escudo antiopas para proteger empresas estratégicas o la aprobación de un real decreto-ley con el nuevo impuesto a las energéticas cuya convalidación quedará ahora pendiente del Congreso --Junts y PNV lo rechazan--.
Las decisiones incluyen la revisión de las pensiones y se adoptan en la última reunión del año del Consejo de Ministros. Levantan parcialmente o prolongan en algunos casos algunas medidas adoptadas durante la pandemia o tras la crisis de Ucrania.
En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez ha explicado que el Gobierno ha decidido extender en seis meses, hasta el 30 de junio, la gratuidad del transporte, “que será seguida de un amplio paquete de ayudas” a grupos específicos de viajeros.
Revalorización de las pensiones
Las pensiones contributivas, ha indicado, subirán el año que viene en línea con lo ya previsto, un 2,8%, conforme al IPC medio interanual, lo que beneficiará a cerca de 12 millones de personas.
El Gobierno también ha acordado elevar las pensiones mínimas alrededor del 6%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital experimentarán un incremento de 9%.
La revalorización de las pensiones supondrá unos 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. También se revaloriza un 8,1% el complemento para la reducción de la brecha de género y queda en 35,9 euros al mes por hijo.
La subida del impuesto al diésel no sale por ahora adelante
En el ámbito fiscal, el Consejo de Ministros no ha aprobado la subida del impuesto del diésel, que sigue negociándose en la coalición de gobierno. El objetivo de esta medida, aún pendiente de concreción, sería recaudar cerca de 1.500 millones de euros y cumplir con el compromiso del Gobierno de ir acercando la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina. La medida forma parte de los esfuerzos para recibir el quinto pago de fondos europeos.
Sí se ha aprobado en cambio el impuesto extraordinario aplicado a las energéticas tras la invasión de Ucrania, incluida en una real decreto-ley conforme a lo pactado entre el PSOE y Sumar. La previsión es que ingrese cerca de 1.200 millones de euros al año, aunque es probable que encalle en el Congreso.
“La principal novedad del real decreto-ley es que se introduce un incentivo fiscal para que las inversiones estratégicas esenciales para la transición energética y y descarbonización sean contempladas”, ha afirmado Sánchez. “Puede exigirse un esfuerzo adicional a las compañías mientras continuamos con la ruta”.
Escudo antiopas y nuevos consejeros de la CNMC
Sobre el escudo antiopas, se ampliará hasta el 31 de diciembre del 2026 y permitirá al Gobierno, como viene ocurriendo hasta ahora, pronunciarse sobre inversiones superiores al 10% del capital de empresas cotizadas o de más de 500 millones en el resto de compañías.
También este lunes el Gobierno ha propuesto cinco candidatos para la renovación del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata de Ángel García Castillejo, María Vidales Picazo, Enrique Monasterio Beñarán, Pere Soler Campins y Rafael Iturriaga Nieva. Ha ampliado además las competencias de la CNMC para permitirle desarrollar el papel de Coordinador de Servicios Digitales.
Viviendas del Estado para alquiler asequible y nuevo registro de pisos turísticos
El Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos sobre los alquileres de corta duración, que será obligatorio a partir del 1 de julio de 2025.
También ha aprobado una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para impulsar la promoción de vivienda pública y simplificar y flexibilizar el marco público. El objetivo, indica, es facilitar la colaboración público-privada e la construcción de vivienda social.
Otra de las medidas ha consistido en un real decreto ley que acuerda aportar a la entidad pública de suelo Sepes, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los inmuebles integrados en el Patrimonio del Estado para destinarlos al alquiler asequible.
Los inmuebles proceden del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif, de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), de Muface o de Patrimonio Nacional.
