El Govern ha puesto en el punto de mira a los grandes propietarios de vivienda en su plan para sumar 50.000 pisos públicos para el 2030, considerando como tales a aquellos que posean cinco o más inmuebles en las zonas tensionadas, lo que a la práctica es casi la totalidad de Catalunya.
Las medidas que aprobó este martes el Consell Executiu ejercen presión sobre estos tenedores, y les obliga a rendir cuentas de una forma más intensa. El objtivo es movilizar parte de estos activos y que contribuyan al parque público de vivienda, priorizando el alquiler.
Entre las iniciativas, destaca el registro de grandes tenedores que la Generalitat pondrá en marcha para controlar qué número exacto de pisos pertenecen a estos propietarios, si están ocupados o vacíos y en qué condiciones.
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De esta manera, las personas físicas o jurídicas que posean cinco o más viviendas en zonas tensionadas estarán obligadas a inscribirse en un registro público y hacer constar el número exacto de inmuebles.
Asimismo, el Govern incorporará en la ley del Derecho a la Vivienda una infracción de carácter grave si los propietarios se niegan a informar si los pisos están vacíos u ocupados. “De esta manera podremos saber cuántos grandes tenedores y qué propiedades hay en Catalunya y qué margen tenemos de movilización de estas viviendas”, señaló la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ayer tras el Consell Executiu. Hasta ahora, consideran en Palau, no se había puesto orden y la información que existía sobre los pisos en manos de grandes propietarios era parcial y no estaba centralizada, lo que dificulta tomar decisiones.
El Ejecutivo catalán quiere movilizar
pisos de fondos hacia el parque público
Las medidas que ha aprobado hoy el Govern cuentan con el acuerdo tanto de ERC como de los comunes, con quien Salvador Illa pactó compromisos en materia de vivienda para ser investido. Las multas para los propietarios que se salten el tope a los alquileres forman parte de este bloque de iniciativas negociadas con los socios de investidura pese a que ya se da por descartado poder aprobar los presupuestos de este año.
Aparte del registro público que ahora se tendrá que desarrollar, aún sin fecha concreta, la Generalitat ampliará los supuestos en los que tiene derecho a la compra preferente de vivienda, lo que se conoce como tanteo y retracto.
Reducirán los plazos de obra competencia de la Generalitat
Hasta ahora, la administración pública podía ejercer este derecho sobre los pisos de grandes tenedores provenientes de ejecuciones hipotecarias. Es el mecanismo que usó recientemente para adquirir 743 viviendas al fondo estadounidense Cerberus, que se quedó los activos tóxicos del BBVA, por 72 millones de euros para destinarlos a alquiler social, la mayor operación de este tipo ejecutada por la Generalitat.
Con la modificación que introducirá el Govern catalán, cualquier piso que un gran propietario ponga a la venta podrá ser objeto de tanteo y retracto, aunque no provenga de ejecución hipotecaria.
Además, en caso de que la administración opte por no adquirir el inmueble y lo compre un particular, éste pasará a considerarse de protección oficial, al haber pasado por el proceso de tanteo, y por tanto tendrá su precio topado, explican fuentes de la Generalitat. Se calcula que alrededor del 8% de todo el parque de alquiler de Catalunya está en manos de propietarios de entre 6 y 10 inmuebles, por lo que con la rebaja que efectuó el Ejecutivo a los cinco pisos, este porcentaje será mayor.
En materia de obra pública, y dejando ya de lado a los grandes propietarios, el decreto ley que aprobó ayer el Govern reduce los plazos para obras competencia de la Generalitat, con lo cual se acortan los plazos de exposición pública. También figuran medidas administrativas por las que el Institut Català del Sòl (Incasol) destinará el importe de las fianzas que tiene en depósito a la construcción pública de vivienda, especialmente de alquiler. Por lo que, según fuentes del Govern, se reducirá del 10% al 5% la disponibilidad que tendrá que mantener y se liberarán unos 80 millones de euros. Todo ello, para completar la complicada carrera hacia los 50.000 pisos prometidos.
