MÁS PLAZAS EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, subraya que además del compromiso de crear 6.000 nuevas plazas en residencias y centros de día para dar respuesta a las necesidades de personas mayores, ciudadanos con discapacidad, con toxicomanías o con problemática de salud mental es una prioridad “reforzar la calidad asistencial, la atención y la transparencia". A lo largo de este año se prevé iniciar la construcción de tres residencias públicas de la tercera edad en Barcelona, Sabadell y Terrassa, cada una de ellas con 80 camas. El número de plazas públicas y concertadas de las diferentes tipologías, tanto residenciales como de cuidados diurnos para dichos colectivos, se eleva a 63.634, de las cuales 39.862 destinadas a los ciudadanos de más edad, según los datos actuales de Drets Socials. De estas, 31.182 corresponden a residencias asistidas; 7.943 a centros de día; 574 para la atención integral en el ámbito rural, y 163 en viviendas tuteladas. El compromiso es culminar las citadas 6.000 al final de legislatura. En una sociedad con elevadas tasas de envejecimiento (142,6) y sobreenvejecimiento (16,2), el reto es avanzar hacia un modelo que posibilite que las personas dependientes permanezcan en sus casas el máximo tiempo posible lo que obliga a desplegar una atención cada vez más personalizada, en función de las necesidades de cada usuario, y a incorporar a más personal cualificado.
AGILIZAR EL PROCESO PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA. Otro desafío mayúsculo es reducir en tres meses el tiempo de espera para el reconocimiento de la dependencia. Drets Socials anunció el pasado mes de diciembre un paquete de medidas, presupuestado en 2,3 millones de euros, para mejorar la gestión de este procedimiento. Uno de los principales escollos es el déficit de digitalización y de interconexión de los sistemas de dependencia y discapacidad. En estos momentos, el tiempo de espera es de un año tanto para los solicitantes de la valoración de la dependencia como para los de discapacidad. Los datos de Drets Socials indican que en el 2024 los beneficiarios de las ayudas a la dependencia eran 222.372 con 57.615 peticiones pendientes de resolver; en el caso de la discapacidad quedan 134.000 demandas a la espera de una respuesta. En la última década las solicitudes de valoración que se presentan cada año han crecido un 85%.
CAMBIOS PARA QUE ASALARIADOS POBRES RECIBAN LA RGC. El grupo del PSC en el Parlament presentó el pasado mes de enero una proposición de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para hacer compatible esta prestación con las rentas del trabajo y con otras ayudas, como las de la vivienda. La consellera destaca que lo que se pretende es incentivar la ocupación, que un ciudadano al que se le ofrece un contrato laboral no lo desestime por miedo a perder la RGC. De esta manera se prevé apoyar a los trabajadores con salarios bajos. “Con este cambio la RGC que ahora cobran 113.000 personas se ampliaría a otras 62.000 y se pasaría de destinar 500 millones de euros anuales a 880; es la manera de reducir las tasas de pobreza”, dice Martínez Bravo .
Actualmente tenemos 788 familias que acogen a menores tutelados, una cifra insuficiente, deberíamos duplicarla
BAJAR LA POBREZA INFANTIL. La reciente encuesta de condiciones de vida publicada por el Idescat confirma que la pobreza infantil está enquistada en Catalunya: del 2023 al 2024 aumentó un 1,7% alcanzando el 34,8% de los menores de 16 años. Esta es la franja de edad con resultados más preocupantes. “Reducir estas tasas es una prioridad, estamos revisando la Estratègia contra la Pobresa Infantil aprobada por el anterior Govern. Nuestra apuesta es hacer más ágil el engranaje de prestaciones”, señala Martínez Bravo. La consellera recuerda que el IMV tiene un complemento a la infancia, el CAPI (de 57,50 a 115 euros mensuales en función de la edad del menor), que podrían cobrar el 40% de las familias con niños en Catalunya, pero que solo llega al 20% de las que reúnen las condiciones. “Cuando asumamos la plena gestión del IMV queremos promover que el CAPI llegue a todo el mundo que cumpla los requisitos; el umbral de renta para acceder al mismo de una familia de dos adultos y dos menores es de 3.162 euros al mes”, concreta. Otras medidas para combatir esta situación es reforzar “el ocio educativo y las extraescolares pues las personas con rentas básicas no tienen recursos para acceder a las mismas”.
DUPLICAR EL NÚMERO DE FAMILIAS DE ACOGIDA. “Actualmente tenemos 788 familias que acogen a menores tutelados, una cifra insuficiente, deberíamos duplicarla”, subraya Martínez Bravo. Drets Social impulsa una estrategia para acoger a 272 menores de seis años que ahora están en centros residenciales. Urge encontrar hogares para que crezcan en un entorno afectivo y educativo más óptimo. Desde que se hizo el llamamiento, en noviembre, se han recibido 81 solicitudes, de las cuales 71 están en estudio para determinar si reúnen las condiciones exigidas.
