Estos días, todos los pensionistas han recibido la carta anual de la ministra en que les comunica el aumento de la pensión mensual para el año en curso. Algunas veces era más alto el coste de la carta que el del aumento anunciado. ¡No ha sido exactamente así esta vez, pero vaya con el gato encerrado!
La ministra anuncia la revaloración de la pensión en función del IPC del año anterior, que fue de un 2,8%. Recuerda, satisfecha, que este es hoy un derecho garantizado por el Gobierno de España. Y hay que reconocer que el acceso de los socialistas al Gobierno comportó que las pensiones mantuvieran su poder adquisitivo –teóricamente, al menos–, a diferencia de lo que había pasado en años anteriores.
Presión fiscal
Desde hace unos cuantos años, el Gobierno español no adecua a la inflación las retenciones por IRPF
El problema viene cuando, en hoja anexa, la directora general especifica el importe del aumento. En una pensión de maestra, por ejemplo, que ha cotizado toda la vida pero que no llega a la pensión máxima, el simple ajuste de la pensión bruta al aumento del coste de la vida se convierte en un aumento de la carga fiscal efectiva. De este modo, si en diciembre la retención por IRPF era del 17,8%, ahora pasa a ser del 18,32%. Más de medio punto de aumento porque este Gobierno que tanto vela por el poder adquisitivo de las pensiones ha decidido desde hace unos cuantos años no adecuar a la inflación las retenciones que practica por IRPF. Es cierto que en muchas comunidades el 50% del impuesto sobre la renta que va a parar a la financiación autonómica más o menos se ha ido actualizando para no subir la presión fiscal efectiva. No es el caso de Catalunya, siempre asfixiada financieramente y pendiente de ver dónde puede rascar algún dinero. Y no es el caso del Estado, este que presume, claro está, de elevados aumentos de la recaudación fiscal porque la economía española va a todo trapo.
El Banco de España ya calculó que del aumento de 86.000 a 124.000 millones de euros de la recaudación del Estado por IRPF entre el 2019 y el 2023, 11.000 millones derivan de la no adecuación del impuesto al alza de los precios, el 29% del total. Un aumento subrepticio de la presión sobre las rentas del trabajo que nadie parece cuestionar. Bien, ahora se quejan porque con el aumento del salario mínimo interprofesional algunos perceptores tendrán que pagar por primera vez. Pero este es un problema generalizado en todas las rentas del trabajo, sean inmediatas, como los salarios, o diferidas, como las pensiones.
Todo nos indica la falacia de las cuentas que se hacen cuando se habla de ingresos y gastos exclusivos de la Seguridad Social. Sería suficiente con eliminar progresivamente la cotización por IRPF para poder congelar la pensión bruta nominal, mantener el poder adquisitivo real y sanear las cuentas de la Seguridad Social. Mientras tanto, a nuestra maestra, el aumento del 2,8% bruto le queda en un 2,1% neto y una pérdida, solo en un año y de baja inflación, de 0,7 décimas de poder adquisitivo real. Los 77 euros de aumento bruto mensual se quedan en menos de 50 euros. Un ejemplo de magia fiscal.