La administración de Donald Trump ha revocado a los socios de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, los permisos para poder extraer y exportar petróleo del país caribeño. Entre las multinacionales afectadas por la decisión se encuentra Repsol, que había retomado las operaciones en el país bajo el amparo de Washington. La compañía española cuenta con una exposición patrimonial en la zona de 504 millones a cierre del ejercicio del 2024, una cifra que se ha ido reduciendo con el paso de los años a través de provisiones y que llegó a alcanzar los 2.000 millones.
Repsol contaba con un permiso de Estados Unidos para poder operar en el país junto a la compañía Chevron, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries. Venezuela teóricamente tiene soberanía sobre sus recursos energéticos, a través de PDVSA, permitiendo la participación limitada de empresas extranjeras como socios minoritarios. En la práctica, esta soberanía ha sido erosionada por decisiones políticas que han cedido control a empresas extranjeras. Washington ha impuesto sanciones a la industria petrolera venezolana, como parte de su estrategia para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Estas sanciones han restringido la capacidad del país para vender petróleo en los mercados internacionales, lo que obliga a Caracas a negociar con EE.UU., que es quién tiene la última palabra.
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Hasta ahora, Estados Unidos había tutelado la exportación de crudo venezolano con compañías de Estados Unidos, Italia, Francia y España. Las licencias actuales fueron concedidas durante la administración de Joe Biden.
Repsol llevaba operando en Venezuela desde el 1993 y cuenta con aproximadamente un centenar de empleados en el país, la mayoría trabajadores locales. La inestabilidad ha sido una constante en la actividad de la multinacional española, que ha tenido que saber convivir con el régimen chavista. En los últimos años había retornado su actividad en el país para poder cobrar parte de la deuda histórica pendiente del gobierno de Nicolás Maduro.
El Gobierno asegura que la decisión de la administración Trumpo no tiene impacto en la garantía de suministro para España. “El suministro de petróleo muy diversificado y nuestro abastecimiento está garantizado”, aseguran fuentes del Ejecutivo.
En el último año, España ha importado 3 millones de toneladas de petróleo venezolano, según el último boletín Cores del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay que recordar que tras el inicio de la guerra en Ucrania los países europeos decidieron poner coto a las compras de crudo procedente de Rusia, no tanto al gas, lo que abrió la puerta a recurrir a petróleo de otras procedencias, entre las que se encontraba Venezuela.
La decisión abre la puerta a que petroleras de China o Rusia puedan ocupar posiciones
La decisión de Trump, sin embargo, abre la puerta a que petroleras de China o de Rusia puedan ocupar las posiciones en los yacimientos que dejan las empresas a las que se les revocan los permisos, advierten fuentes de mercado. Es una decisión, por tanto, que entraña riesgos.
Trump emitió una orden ejecutiva esta misma semana que establece aranceles del 25% a cualquier país que compre petróleo venezolano.
Las empresas afectadas por la revocación de los permisos tienen hasta finales de mayo para liquidar las operaciones en Venezuela.
El Gobierno asegura prudencia ante la decisión y se mantiene en contacto con Repsol. El Ejecutivo ofrece su apoyo a la compañía “para el diálogo con la administración estadounidense si fuera preciso”.
