Italia cierra la era de las privatizaciones en las telecomunicaciones.
Los franceses de Vivendi han cedido este fin de semana el 15% de las acciones de Telecom Italia (Tim) a Poste Italiane, la empresa pública postal, que con una oferta de 684 millones de euros se convierte en el principal accionista de la compañía. Una jugada que encaja perfectamente con los planes del Gobierno nacionalista de Giorgia Meloni, que además ha tenido varios enfrentamientos políticos con Francia (y sus empresas).
La operación recuerda la de la Sepi con Telefónica
El acuerdo se enmarca en una reorganización más amplia del sector, en particular la de de Tim, una compañía lastrada durante años por la deuda. La operación responde al objetivo del Ejecutivo de reforzar el control nacional sobre una industria estratégica: Poste Italiane está controlada por la Cassa Depositi e Prestiti y el Ministerio de Finanzas. Hace pocas semanas, Tim vendió su red de infraestructuras a un consorcio liderado por el fondo estadounidense KKR, con el fin de sanear sus cuentas. Las acciones se venderán a 0,2975 euros cada una.
La operación recuerda en parte la ejecutada por el Estado español en Telefónica. En ambos casos, el gobierno interviene a través de una entidad pública —la Sepi en España y Poste Italiane en Italia— para tomar el control de la principal operadora del país. La diferencia es que en España se trató de frenar la irrupción de los saudíes de Stc, mientras que en Italia la salida de Vivendi estaba decidida desde hacía tiempo.
Para Vincent Bolloré, supone una nueva retirada del escenario italiano, tras la fallida opa sobre Mediaset. Iniciado en 2014 con un intercambio de participaciones en Brasil con Telefónica, su recorrido en el país se ha desarrollado en buena parte en los tribunales. Tras desprenderse del 15%, el financiero bretón conserva un 2,51% del capital ordinario de Tim. Al mismo tiempo, Poste Italiane supera el 24% y ha aclarado que no ampliará más su participación para evitar el umbral que obligaría a lanzar una opa.
La aventura italiana costará a Vivendi cerca de 3.000 millones de euros. Un precio alto por una inversión de la que, incluso en París, admiten que solo se podía salir perdiendo.
Se abre ahora una nueva etapa para el sector. Y aunque no se podrá impedir la entrada de fondos o empresas extranjeras, Italia lo hará —según los analistas— desde una posición de fuerza.