La reforma del sistema de pensiones ha pasado su primer examen. La Autoridad Fiscal (Airef) constata que se cumple la regla del gasto y que, por lo tanto, no tendrá que activarse la cláusula de salvaguarda, lo que hubiera supuesto un incremento de las cotizaciones sociales a partir de enero. Alivio para al Gobierno, porque activar la cláusula hubiera supuesto un doble golpe: el cuestionamiento de la reforma de las pensiones y la obligación de introducir un ajuste doloroso.
“Vamos en la buena dirección”, ha afirmado la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz al conocer los datos, argumentando que el crecimiento del empleo y el aumento del SMI con claves para no tener que adoptar medidas adicionales para garantizar las pensiones.
Sin embargo, la buena noticia viene acompañada por una alerta. La Airef, el supervisor presidido por Cristina Herrero, avisa de que la sostenibilidad del sistema no ha mejorado y que habrá un crecimiento del gasto en pensiones del 3,4% del PIB hasta el 2050, mientras que hace dos años estimaba que este gasto se quedaría en el 3%. A partir de aquí, calcula que para hacer frente a este gasto, habrá que aumentar las transferencias procedentes del resto de fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central en 2,4 puntos del PIB. Un incremento que tendrá que venir previsiblemente de recortes en otras partidas. Conclusión, se empeora la sostenibilidad del sistema, a pesar de que hoy ha pasado un examen que, dice la autoridad fiscal, está mal diseñado.
Para elaborar su informe, la Airef ha cruzado dos variables. La proyección del gasto de las pensiones, para lo que utiliza el informe sobre el envejecimiento que la Comisión Europea publicó en abril del año pasado, y su cálculo del impacto de las medidas adoptadas para aumentar los ingresos de las prestaciones. El resultado es que el gasto de pensiones medio en el periodo 2022-2050 es del 13,2% del PIB. Por lo tanto, cumple la condición fijada, que situaba el límite en el 13,3%. En concreto, lo que establece la Autoridad Fiscal es que el gasto se sitúa en este periodo en el 14,6% del PIB, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4%.
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Por lo tanto, no se tendrá que aplicar la cláusula de salvaguarda, y con ella aumentar las cotizaciones sociales a partir de enero, como hubiera ocurrido en caso de incumplimiento del nivel de gasto. Si se detectaba una desviación excesiva, a partir del próximo año se tenía que corregir vía un acuerdo entre los agentes sociales, o en caso de que no se llegara a un consenso, de forma automática aumentaría la cotización del mecanismo de solidaridad intergeneracional (MEI) para corregir la desviación en un periodo de cinco años. Esta cláusula fue decisiva para que la Comisión Europea aceptara la reforma de las pensiones. Era una salvaguarda que hoy pasa su primer examen, y lo supera.
El Gobierno pasa el examen por un décima, un gasto neto medio del 13,2% frente al límite del 13,3%, y en buena parte el aprobado viene impulsado por la revisión al alza del PIB que hizo el INE en septiembre, lo que comporta una reducción del gasto por PIB en 7 décimas, que elevan a ocho por la previsión de crecimiento.
Por el lado de los ingresos, la Airef los sitúa en una media del 1,4% del PIB. Aquí es significativo que no ha tenido en cuenta la totalidad de las transferencias del Estado a la Seguridad Social, que representan un impacto del 1,3% del PIB, sino solo las partidas que considera que tienen correlación directa con las pensiones y que fortalecen el sistema. De esta manera, contabilizar tres décimas.
Otros elementos que suman este 1,4%, son el MEI (0,4%), la elevación de las bases máximas (0,3), la reforma de las cotizaciones de los autónomos (0,2), la cuota de solidaridad (0,1), y el incremento del SMI (0,1).
Sin embargo, la Autoridad Fiscal critica que la sostenibilidad de las pensiones está empeorando y, además, concluye que hay importantes debilidades en el método para definir la regla del gasto. Básicamente, porque ofrece una visión parcial de la sostenibilidad. “Se cumple la regla de gasto, pero no se puede bajar la guardia en sostenibilidad, porque la dinámica no ha mejorado a pesar de cumplir la regla”, ha afirmado Cristina Herreno, presidenta de la Airef. También ha añadido que “sigue habiendo las dificultades que había en lo que se refiere a la sostenibilidad”
Es decir, que la Airef da su aprobado en función del marco de trabajo que le han facilitado, pero critica su diseño. En concreto, afirma que el umbral de gasto neto no es un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque está muy influenciado por el momento en que se calcula y ofrece solo una visión parcial de la sostenibilidad.
