El debate de la CNE
Parecía que una de las consecuencias del gran apagón del pasado 28 de abril iba a ser la recuperación urgente de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), el organismo que regulaba el sector hasta que en el 2013 el gobierno de Mariano Rajoy la subsumió en la actualmente vigente Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que preside Cani Fernández.
La propuesta de nueva creación la puso sobre la mesa el Ministerio de Transición Ecológica, cuando lo dirigía Teresa Ribera, ahora vicepresidenta primera de la Comisión Europea. La actual responsable ministerial es Sara Aagesen. En las jornadas posteriores al apagón, el Gobierno pareció apostar por su puesta en marcha lo más rápido posible, como una manera de poner de manifiesto que estaba tomando medidas para controlar más de cerca el ámbito de la energía.
En el sector se considera que el hecho de que no exista de manera independiente ralentiza el control y la toma de decisiones y que por su envergadura requiere de un seguimiento intenso. Las empresas también lo consideran conveniente, aunque algunas voces creen que en este caso es porque las compañías creen que pueden capturar mejor al regulador.
Bien, pese a esa teórica disposición a acelerar los trámites parlamentarios, lo cierto es que el proyecto de ley está ya calificado en el Congreso desde el pasado mes de octubre y desde entonces el trámite límite para la presentación de enmiendas ha sido prorrogado hasta en 23 ocasiones y el último vencimiento es el próximo miércoles, cuando se espera que se repita la demora.
Según fuentes parlamentarias consultadas, es bastante probable que la tramitación final de la propuesta quede en suspenso hasta que se pacte también la consiguiente reforma de las direcciones generales de la CNMC y el anteproyecto de ley de Gobernanza en Servicios Digitales y el Registro de Medios de Comunicación, que presentó en febrero el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.
Tanto o más importante es la elección de las nueve personas que dirigirán la nueva CNE. La propuesta del ministerio prevé una comisión con mandatos de seis años sin posibilidad de reelección, como en la vigente CNMC. Los consejeros deben ser personas de reconocido prestigio y con al menos cinco años de experiencia en “materias relacionadas” con los sectores que regularán. La capacidad de acordar nombres con el PP es muy difícil, hay ya muchos ejemplos de negociaciones fracasadas, el último en Redeia, y además, las fuerzas nacionalistas catalanas también reclaman presencia.
Las 'fintech' y Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona está ultimando el cierre de la negociación para que una de las grandes firmas del sector fintech instale un gran centro operativo y con carácter emblemático en la ciudad.
Las empresas fintech prestan servicios financieros utilizando de forma avanzada las nuevas tecnologías. En general no tienen oficinas y atienden a sus clientes exclusivamente con medios digitales.
Su crecimiento está siendo exponencial, en términos de volumen de negocio y de valoraciones, y la corporación municipal que encabeza Jaume Collboni quiere que la ciudad tenga un papel relevante en un ámbito en el que su actividad es relativamente baja.
Pese a que Barcelona es un polo de atracción de empresas de nuevas tecnologías, en el ámbito de las fintech , Madrid ocupa una posición destacada por ser el principal centro financiero español.
Pero el equipo económico del Ayuntamiento, que dirige el teniente de alcalde de Economía y Promoción, Jordi Valls, aspira a que la capital catalana gane posiciones en este ámbito. Con el acuerdo que está negociando, el equipo municipal se plantea generar un efecto arrastre que atraiga más inversiones y nuevos proyectos en ese ámbito.
Entre las firmas más conocidas en Europa se encuentran Adyen, Nexi, Klarna, N26 o Revolut. Todas ellas han presentado resultados mejorados en el último ejercicio, pese a la caída de inversiones registrada recientemente en este subsector.
