El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha sido el primero en hacer públicas sus líneas rojas ante la opa hostil del BBVA a Banc Sabadell: mantenimiento íntegro del empleo y de las oficinas de las dos entidades. Son dos de las propuestas que aportará al Consejo de Ministros durante el debate que acaba de arrancar en el seno del Gobierno sobre si autorizar la opa con los compromisos fijados por la CNMC, suavizarlos o endurecerlos.
En un comunicado, Trabajo detalló que su postura pasa por la tercera opción al reclamar un endurecimiento de las condiciones. Además de no despedir ni cerrar sucursales, el ministerio reclama “la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria”.
La Comisión está estudiando la respuesta sobre la apertura de un proceso (EU Pilot) a España
Trabajo defenderá que, en caso de que los requisitos propuestos por su departamento no se cumplieran, “no debería permitirse” la ejecución de la operación. El departamento que dirige Yolanda Díaz es uno de los cinco ministerios que reclamaron al ministro Carlos Cuerpo que elevara la decisión sobre la opa del BBVA al Consejo de Ministros.
Los cálculos que maneja Trabajo es que, si no se fijan esas condiciones, la fusión supondría la pérdida de hasta 4.000 empleos, lo que significa una reducción del 9,4% en la plantilla. Sobre el cierre de sucursales, el ministerio opinó que “perjudicaría especialmente a zonas rurales y regiones con fuerte presencia del Sabadell como en Catalunya, en la Comunitat Valenciana, en Murcia, en Asturias y en Galicia”.
En cuanto a la protección al crédito a empresas y autónomos, Trabajo aseveró que se produciría “un empeoramiento de las condiciones del crédito y depósito, aumento de comisiones o peores servicios”.
Mientras, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, declaró este miércoles en una entrevista en la cadena Ser que la decisión de elevar la opa del BBVA a Banc Sabadell no generará “conflictos” con Bruselas.
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Sin embargo, desde la capital comunitaria el mensaje que llega es que no ha gustado ese último movimiento del Ejecutivo español. Las críticas son claras: fuentes europeas subrayan que no consideran que haya “ninguna razón que pueda justificar rechazar o bloquear la operación”. Emplazan, por lo tanto, al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “alinearse” con las decisiones de las autoridades competentes, es decir, con el veredicto emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), que han dado su visto bueno a la transacción.
Estos recelos no son nuevos y, de hecho, hace meses que el Gobierno y la Comisión Europea están hablando en privado de la cuestión. Sin embargo, se hicieron públicos el mismo día en que el ministro de Economía explicaba que elevaría la opa del BBVA al Sabadell al Consejo de Ministros.
Lo que se ha iniciado es un proceso conocido en la burbuja comunitaria como EU Pilot, un sistema de consultas habituales lanzado por el Ejecutivo comunitario cuando sospecha que se puede incumplir la legislación europea, y considera necesario hacerlo de forma informal, pero de una manera estructurada, para intercambiar información con el Estado miembro en cuestión.
La Comisión ahora está estudiando la respuesta sobre la apertura de este EU Pilot que las autoridades españolas enviaron a Bruselas el pasado 11 de octubre, y también ha tomado nota de la decisión de la CNMC, que dio su visto bueno a la operación a finales de abril.
El EU Pilot abierto con España por la opa del BBVA al Sabadell es parecido al que también inició la Comisión para recabar más información sobre la oferta que el italiano UniCredit lanzó el pasado noviembre sobre su rival Banco BPM y las condiciones impuestas por el Gobierno de Giorgia Meloni sobre la operación.
