Junts ha registrado este miércoles una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Era una iniciativa ya anunciada, y que esta tarde se ha confirmado con la presentación en el registro del Congreso de la enmienda.
Lo había anunciado por la mañana la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. “Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos, que es presentar una enmienda a la totalidad”, ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio. El argumento de Nogueras es que no pueden apoyar “una ley hecha por los sindicatos españoles que va contra los trabajadores de las pymes catalanas. Lo frenaremos como hemos frenado tantas políticas del Gobierno español”.
Una vez presentada la enmienda, Trabajo y Junts tienen previsto celebrar una reunión próximamente, con fecha aún sin concretar, para continuar unas negociaciones que de momento no han fructificado. Una reunión prevista ayer, pero que la reunión del grupo de Junts con el presidente Pedro Sánchez, obligó a aplazarla.
En la enmienda presentada se destaca que es a través de la negociación colectiva como se consiguen los mejores avances en materia laboral y que en cambio fiar la solucion a la reducción por ley puede provocar efetos negativos porque “los efectos de la medida impactarán solo en una parte y no se ajusta a los equilibrios consensuados entre los protagonistas” . De esta manera, recoge la tesis básica de la patronal, por la que no aceptó sumarse al consenso, es decir, que la reducción de jornada debe realizarse a través de la negociación colectiva y no por ley.
También se destaca que la viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada “por esta imposición rígida” que puede acabar destruyendo puestos de trabajo en sectores como los servicios y el agroalimentario.
El grupo catalán advierte que la imposición rígida de la reducción de jornada destruirá empleos en servicios y agroalimentación
La enmienda también critica los dos otros elementos del proyecto de ley, tanto el reforzamiento del control horario, que ”abre la puerta en la intromision en el día a día de los trabajadores”, como el derecho a la desconexión digital, que considera que no tiene en cuenta la realidad de la actividad económica. Otro elemento añadido es que los cambios en la situación económica mundial en los últimos meses hacen necesario un análisis más a fondo de los escenarios de futuro.
De esta manera, Junts cumple la amenaza y aprovecha para cargar contra los sindicatos, con los que en semanas precedentes, ya ha mantenido un cruce de descalificaciones. Fue especialmente sonada la declaración del secretario general de CC.OO., Unai Sordo, en la que dijo que Junts “es más inútil que la última rebanada de pan Bimbo”. Palabras que indignaron a esta formación política, que había calificado anteriormente de “lobistas españoles” a CC.OO. y UGT.
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Con la presentación de esta enmienda a la totalidad de Junts, el proyecto de ley para la reducción de jornada afronta un nuevo obstáculo en una trayectoria ya bastante agitada hasta el momento. La formación catalana había anunciado su intención de presentar esta enmienda a la totalidad y lo hace en el último día hábil, después de que los plazos de presentación se hubieran alargado en cuatro ocasiones.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 6 de mayo y empezó a tramitarse en el Congreso, a pesar de que, por el momento, el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. Precisamente, esta enmienda a la totalidad de Junts será su primera prueba de fuego, porque supondrá que en un próximo pleno, en julio o septiembre, se vote en el pleno, y si la enmienda es aprobada, el proyecto de ley terminará ya su tramitación parlamentaria. En caso contrario, si pasa la prueba se abrirían plazos para la presentación de enmiendas parciales.
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Los votos de Junts, PP y Vox son suficientes para este rechazo, y hasta el momento el grupo catalán se ha posicionado en contra de la reducción de la jornada a las 37,5 horas aunque sin que sea una posición inamovible. Desde Trabajo, que es quien lidera las negociaciones por parte del Gobierno, consideran que hay margen para un acuerdo, y están abiertos a facilitar ayudas a las pymes, las empresas que tendrán más dificultades para aplicar el nuevo horario. Sin embargo, no parece probable que unas subvenciones a las pequeñas y medianas empresas sean suficientes para cambiar el voto de Junts, muy presionado por Foment y otras organizaciones catalanas, para oponerse a esta medida.
Otro elemento en el que se podría entrar es en los plazos de aplicación de la medida, aunque desde Trabajo por el momento se niegan a entrar en este punto.
El proyecto de ley, que fue pactado por el Gobierno con los sindicatos, pero con la oposición de la patronal, incluye tres elementes básicos. Uno son las 37,5 horas semanales, un segundo el establecimiento de un registro horario telemático y accesible online por la inspección de Trabajo, que sustituya al ineficaz sistema actual, y un tercer elemento es garantizar el derecho a la desconexión digital.
Si la reducción de jornada encalla, un plan B del Ministerio de Trabajo sería implementar el registro horario, para lo cual no necesita la aprobación parlamentaria, dado que puede ser aprobado por el Consejo de Ministros.
