El expresidente y expropietario de Celsa, Francesc Rubiralta Rubió, ha quedado absuelto de la primera de las causas judiciales presentadas contra su gestión al frente de la multinacional siderúrgica. El Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona ha desestimado la acción de responsabilidad social impulsada por los nuevos dueños del grupo industrial por conducta contrarias a su deber como administrador. En concreto, los fondos Strategic Value Partners, Attestor, DWS, Golden Tree y Cross Ocean acusaban al empresario de no haber reclamado un crédito intragrupo de 504 millones de euros a las sociedades patrimoniales de su familia en un momento de penurias económicas del negocio.
El magistrado Florencio Molina considera que no se ha acreditado que la conducta del empresario catalán “hubiera causado daño directo y efectivo y real al patrimonio social” y señala que la reclamación del crédito no solo resultaba improcedente en el contexto económico, financiero y jurídico del grupo Celsa, sino que habría perjudicado el interés social y el de los socios comunes.
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La sentencia, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, señala que “ha quedado acreditado que dicho crédito era desde su origen inexigible, fue prorrogado tácitamente durante varios años sin reclamación alguna, y era conocido como incobrable tanto por la sociedad demandante, como por sus socios, deudores y acreedores financieros”.
El escrito acredita el origen del crédito intragrupo y señala que precede al nombramiento de Francesc Rubiralta como presidente en 2010. Entre los años 2006 y 2009, el padre del acusado, Francesc Rubiralta Vilaseca, retiró 212 millones para compensar a su hermano José María cuando estos se dividieron la empresa. Mientras que el primero se quedó con Celsa, el segundo asumió Werfen, que por aquel entonces era una empresa mucho más pequeña. Posteriorment, se retiraron otros 250 millones de euros que, en principio, se destinaron a financier el crecimiento de la siderúrgica, aunque la acusación sostiene que esos fondos acabaron los bolsillos de la familia fundadora.
Además de la decisión del caso conocido hoy, en los juzgados hay otras dos acciones de responsabilidad social pendientes de resolución. Una por un préstamo fraudulento de 22 millones de euros y otra por administración desleal por retribuciones excesivas.
En medio de las disputas entre la actual y antigua gestión, Criteria, el brazo inversor de la Caixa, sondeó la entrada en el capital, tomando hasta el 20% del grupo. La operación fue finalmente descartada y ha dejado a la compañía con sede en Castellbisbal sin el socio que ansía.
