Endesa ha presentado una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica en la que solicita 454 millones de euros por daños y perjuicios provocados por el incremento de la tasa Enresa, con la que se financian la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares. La propia empresa encargada de esta labor, Enresa, también figura en la denuncia.
Con esta decisión, la compañía se suma a Iberdrola, que en febrero abrió un frente judicial por el mismo motivo, en su caso por importe de 324 millones. Las dos eléctricas suman demandas por 778 millones de euros, en pleno debate en torno al calendario de cierre de las centrales nucleares.
El Gobierno decidió hace un año aprobar una subida del 30% en la tasa que abonan las centrales nucleares con el fin de ajustarla a los costes previstos en los planes de gestión de residuos radiactivos. Para las eléctricas, la empresa pública Enresa, dedicada a gestionar los desechos de las centrales, ha incumplido los protocolos en torno a este servicio.
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Se abre ahora una tramitación que podría acabar en los tribunales. La reclamación de Endesa debe valorarse en un informe del Consejo de Estado, en el que quedará previsiblemente rechazada, informa Europa Press. Es lo que ocurre en la mayoría de los casos de este tipo. Tras ese momento, las eléctricas podrían abrir la vía judicial.
La tasa Enresa pasó el año pasado de 7,98 euros por megavatio hora a 10,36 euros. Lo ingresado se destina a un fondo para costear la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las centrales. En realidad no es una tasa, sino una prestación patrimonial no tributaria.
Endesa sigue los pasos de Iberdrola, pero lo hace con una fórmula algo distinta. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán decidió a comienzos de año interponer una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa por la subida.
El Gobierno decidió el año pasado elevar la tasa un 30%, por encima de lo pactado en el 2019
Cuando en el 2019 se firmó el protocolo de cierre para las centrales nucleares entre las empresas propietarias y Enresa, se contempló un incremento máximo del 20% de la tasa, con un límite máximo de 7,98 euros por megavatio hora, ya alcanzado.
La tasa Enresa es uno de los costes que los operadores valoran a la hora de valorar el calendario de cierre de las nucleares. Endesa e Iberdrola han presentado a través de una carta al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta para extender la vida útil de las centrales.
Sin embargo, el departamento dirigido por Sara Aagesen avisó de que la carta no cumple las condiciones para considerarse una petición formal. Se queda, indica, en “una declaración de intenciones” que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno.
Estas líneas son los compromisos con la seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que el alargamiento de la vida de las centrales no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
La carta con la propuesta de revisión del calendario nuclear está firmada por Endesa e Iberdrola, que son las que han abierto la disputa por la tasa Enresa. No lleva la firma en cambio de Naturgy ni de EDP España, los otros dos propietarios del parque nuclear español. En la carta, los dos principales operadores plantean mantener la fecha final de cierre, en 2035, y un retraso de los plazos intermedios previstos.
Conforme a esta propuesta, la central extremeña de Almaraz cerraría en el 2030, en vez de hacerlo entre el 2027 y el 2028, lo que debería ocasionar una rebaja de la tasa Enresa, al dividirse el coste entre más años de producción.
Las eléctricas aspiran a operar Almaraz hasta el 2030, pero si se les rebaja el coste de los residuos
Hay un elemento que enreda aún más el escenario. En centrales como Almaraz, se requiere la unanimidad de todos los accionistas, con independencia de su porcentaje de participación. Iberdrola tiene el 52,7% y Endesa, el 36%, pero Naturgy cuenta con un 11,3% y puede bloquear decisiones estratégicas.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la propia Aagesen se han abierto en los últimos tiempos a estudiar una ampliación de la vida útil de las nucleares, aunque con condiciones.