Glovo ha ganado la batalla judicial contra Just Eat y, de momento, se ahorra el pago de 295 millones de euros que su rival holandés le reclama en concepto de indemnización por competencia desleal. El juzgado mercantil número 2 de Barcelona ha publicado la sentencia en la que desestima la demanda interpuesta por Just Eat, que acusaba a la plataforma fundada por Oscar Pierre y Sacha Michaud de ir contra el libre mercado y causar un perjuicio continuado al operar con una flota de falsos autónomos mientras Just Eat cumplía la legislación laboral empleando riders asalariados.
La sentencia todavía no es firme y Just Eat tiene 20 días para apelar ante la Audiencia Provincial. En un comunicado, la plataforma dirigida por Íñigo Barea apunta que “está llevando a cabo una revisión detallada y considerará una posible apelación”.
El magistrado Álvaro Lobato –conocido también por el caso Celsa– es contundente en su argumentación. Bajo su criterio, Glovo –que ha sido defendida por Uría Menéndez– siempre ha cumplido con la legislación laboral, también después de la entrada en vigor la ley Rider. La normativa fija una presunción de laboralidad y, según apunta, esta figura no impone un modelo homogéneo y excluyente: “tratándose de una presunción que admite contradicción y prueba es perfectamente posible realizar la actividad en régimen de autonomía laboral”.
El juez valora que el delivery “es un negocio innovador, tecnológicamente avanzado y que el marco laboral de su regulación resulta controvertido y obsoleto”. También indica que los riders prefieren el modelo de autónomos, “porque les permite prestar el servicio a su conveniencia (...) y no hay nadie más indicado que los afectados para decidir lo que mejor les conviene... excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad”, añade.
Además, la sentencia argumenta que Just Eat y Glovo tienen estructuras de ingresos distintas ya que en el primer caso el 80% del negocio es solo del marketplace y el 20% de logística con riders mientras que en el segundo, sucede lo contrario. Además, sostiene que la laboralización de los repartidores de Glovo, iniciada en enero de 2025 no ha implicado alteraciones de las cuotas de mercado, que en junio fueron del 53,8% para Glovo y del 14,5% para Just Eat.
En la resolución, el magistrado también carga contra las declaraciones de cuatro inspectoras de trabajo. “Pese a la indudable habilidad dialéctica del letrado de la actora cuyo interrogatorio pretendía proyectar una imagen de objetividad, en todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, ‘el mundo de ayer’ administrado y burocrático”. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha impulsado la ley Rider, no ha tardado en reaccionar. En una publicación en la red social Bluesky ha dicho: “a mí me preocupan más los ecos de la Justicia radicalizada que los de la España sindicalizada”
