La sede de la Comisión Europea fue este miércoles el escenario del inicio de una batalla campal que permanecerá en Bruselas en los próximos dos años: el comienzo de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), es decir, el futuro presupuesto europeo entre el año 2028 y 2034. Será el momento en que la Comisión, los Veintisiete y el Parlamento Europeo pelearán por cada euro, uno de los debates más difíciles de la unión y que ya ha suscitado críticas antes de comenzar.
La primera parte comenzó cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado su idea para las próximas cuentas comunitarias, un presupuesto de 2 billones de euros que definió como el “más ambicioso jamás propuesto”, pese a que se trata de una cantidad muy similar al anterior a precios actuales. El tamaño representa el 1,26% de la renta nacional bruta del bloque, frente al 1,13% actual, lo que supone un ligero incremento de 13 centésimas. Aún así, la mayor parte de este incremento (11 centésimas) se destinará al pago de la deuda del fondo de recuperación.
Una cantidad similar a la actual
La Comisión propone elevar a 2 billones el presupuesto para el periodo 2028-2034
Una novedad importante del planteamiento es el diseño “simplificado” que ha elaborado la Comisión Europea. Bruselas pretende centralizar a nivel de los Estados miembros la gestión de los fondos sociales, agrarias y de cohesión, en detrimento del poder de las regiones y de las ciudades. Bajo esta fórmula, serían los gobiernos los que decidan cómo distribuir el dinero, aunque fuentes comunitarias aseguran que deberán justificar en sus planes que “reflejan las necesidades regionales”.
Las críticas no se han hecho esperar. La primera, la de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que criticó la propuesta de la Comisión por dejar a las regiones y a las autoridades locales “al margen” de la gestión de los fondos europeos. “Es nuestro presupuesto europeo, no un cheque en blanco para los Estados miembros”, indicó la maltesa, compañera de filas de Von der Leyen en el Partido Popular Europeo.
Agricultores protestan por los recortes en Bruselas
El esquema de Von der Leyen, que todavía puede sufrir muchos cambios, recoge también las nuevas prioridades comunitarias. La principal es la competitividad y la innovación, con 451.000 millones de euros, lo que refleja el interés de la UE de acelerar estas carpetas para reducir la brecha frente a EE.UU.. De este fondo para la competitividad, casi un tercio, 131.000 millones, se destinarán a defensa, multiplica por cinco la inversión en el gasto militar.
En el otro lado de la balanza, los agricultores no estarán nada contentos ya que la política agraria común sufre un recorte de alrededor de un 30%. Decenas de agricultores protestaban a las puertas del edificio principal de la Comisión en Bruselas mientras los comisarios se encerraban durante horas a discutir los documentos. Otra prioridad de esta Comisión, la migración y el control de fronteras, recibirá el triple de fondos, mientras que también habrá una inversión sustancial en transición climática y se multiplica por cinco el presupuesto para interconexiones.
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La mayor parte de los fondos para financiar estos presupuestos provienen de los Estados miembros de la UE, que tienen que aceptar las cuentas por unanimidad. Pero la Comisión también busca nuevas formas de ingresos. Por ello, propone, entre otras cosas, una tasa para las grandes empresas que operan en la UE, con una facturación neta anual superior a 100 millones de euros –y no a 50 millones, como se había filtrado la semana pasada–. Esta contribución sería de entre 100.000 y 750.000 euros, según el tamaño de las compañías.
Además, acostumbrada a crisis como la pandemia o la guerra durante los últimos años, plantea un nuevo mecanismo adicional para afrontar las sorpresas de 400.000 millones disponibles en forma de préstamos, un mecanismo similar al del plan de recuperación tras la pandemia.
El presupuesto de Von der Leyen no ha gustado a nadie, ni al Parlamento, que lo ve demasiado pequeño, ni a los Estados frugales como Suecia o Países Bajos, alérgicos al gasto comunitario, que ya lo han criticado por la razón contraria. Mientras, la Hungría del prorruso Viktor Orbán: ha salido al ataque por otra novedad: incluye 100.000 millones para Ucrania.
