La tensión en el sector eléctrico es máxima incluso en los minutos previos al debate y votación que está a punto de arrancar este martes en el Congreso de los Diputados. Entre los temas del orden del día está convalidación del denominado real decreto ley anti apagones que va mucho más allá de las medidas urgentes para el control del cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes con la tensión y herramientas para reforzar el sistema eléctrico, medidas aprobadas por el Gobierno tras el apagón del pasado 28 de abril.
Las grandes eléctricas han desplegado en las últimas horas toda una ofensiva centrada sobre todo en el Partido Popular. La abstención del grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo se daba casi por segura hasta la pasada semana cuando el estallido de caso Montoro ha desbaratado, una vez más, el tablero político.
Las energéticas se han apresurado a llevar al debate el coste económico que puede suponer dejar caer el real decreto y están haciendo circular un informe, elaborado por la consultora PwC en el que se advierte que dejar caer este decreto puede suponer la pérdida de 200.000 millones en inversiones en el sector eléctrico español.
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Según los datos que aporta dicho documento, con las medidas que contiene el real decreto se podrían habilitar conexiones por unos 40.000 MW. “Suponiendo conservadoramente que la mitad (20.000 MW) son válidas para industria, vivienda y centros de datos y estimando que la industria (fuente banco España) tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada MW de potencia eléctrica conectada se concluye que la estarían dejando de invertir en la industria unos 200.000 millones de euros”, se apunta.
Esto solo teniendo en cuenta el punto que se refiere a la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso, lo que posibilitará un mayor aprovechamiento de redes existentes y, actualmente, en desuso. Y a los puntos que implican una reducción en los plazos que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y se adoptan disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial.
La falta de accesos de conexión en España unido al impacto del apagón ya se ha traducido en los últimos meses en un freno en las inversiones en energía fotovoltaica que se podría agudizar a partir de ahora y que puede poner en riesgos los ambiciosos objetivos de electrificación que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que marca el reto de que la economía española alcance un 81% de electrificación en 2030.
