El Gobierno no ha querido perder tiempo para poner en marcha la promesa que hizo el presidente, Pedro Sánchez, de volver a presentar el llamado “decreto antiapagones” una vez que el pasado 22 de julio sus socios de investidura Podemos, Junts y BNG se unieron a PP y Vox para evitar su aprobación.
Apenas nueve días después de ese varapalo político, el 31 de julio puso a consulta pública un nuevo real decreto, pero en esta ocasión mucho menos expuesto a vaivenes políticos. “No incluye todo lo que incluía el real decreto-ley porque para eso se necesita la adecuada convalidación en las Cortes”, reconocía el secretario de Estado de Energía, Jon Groizard, durante una entrevista a la agencia Efe el día de su presentación.
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Esto implica que las medidas rescatadas en el documento que estará a consulta pública hasta el 11 de agosto y que, según Groizard, se intentará aprobar en el tercer trimestre, o como muy tarde antes de final de año, contiene solo las propuestas que son materia exclusiva del Gobierno y, por tanto, no necesitan ningún cambio de leyes existentes ni complicadas tramitaciones parlamentarias.
En el primer caso están la mayoría de las propuestas pensadas para reforzar el sistema para evitar futuros apagones como el sucedido el 28 de abril. No ocurre lo mismo con otras incluidas en el real decreto 7/2025 que, pese a no estar ligadas al apagón, sí suponían unos fuertes incentivos en forma de ayudas económicas para los objetivos de electrificación que recoge el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec). Entre estas medidas, destacan el descuento del 80% en los peajes que paga la industria electrointensiva o las celebradas medidas de impulso al autoconsumo.
Partiendo de este criterio, el Gobierno espera avanzar en una regulación que implica una mayor supervisión sobre las empresas eléctricas y una mayor transparencia en los datos del sistema eléctrico. Para ello, autorizará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a ser una especie de gran árbitro del mercado eléctrico que, cada tres meses, publicará informes para comprobar que las empresas cumplen con sus obligaciones de control de la tensión en la red (motivo principal del “cero eléctrico” de abril) y, en medio año, lanzará un plan extraordinario de inspección, con resultados públicos, para asegurar que todas las compañías tienen la capacidad real de reponer el suministro rápidamente en caso de incidente.
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A Red Eléctrica, como operador del sistema, le encarga informes sobre cambios normativos técnicos con los que controlar mejor el sistema: desde amortiguar oscilaciones hasta objetivos mínimos de monitorización de datos. Eso sí, le retira una de las propuestas más polémicas del primer real decreto como era hacerla punto único de acceso a datos de todos los consumidores.
El almacenamiento con baterías es otro de los puntos fuertes de la norma ahora en consulta. Se establecen medidas urgentes para impulsar la instalación “urgente” de baterías en plantas renovables ya en funcionamiento (lo que se conoce como hibridación). Clave es el refuerzo del marco normativo para el control de tensión en la red. A partir de ahora, todas las tecnologías de generación, no solo las tradicionales, deberán tener la capacidad de contribuir al control dinámico de la tensión y se establecen penalizaciones económicas para las que incumplan.
Ni rebaja de peajes ni de impuestos
Hay varias medidas que quedan a la espera de un texto que sea capaz de aunar un consenso político que por ahora se antoja muy lejano. Entre ellas, el impulso a la electrificación de la industria electrointensiva con medidas como la deducción del 80% de los peajes para incentivar que las grandes fábricas se electrifiquen. También la batería de medidas asociadas a impulsar el autoconsumo, que implicaba rebajas de impuestos como en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para instalaciones de aprovechamiento de la aerotermia, similar a lo que ya existe en placas solares.
