Siguen los movimientos intensos en torno al sector de la defensa. El pasado viernes, de buena mañana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado del conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, se reunió en Palau con el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos.
Escribano visita a Illa
Indra mantiene una agresiva política de compra de empresas para ganar volumen y ampliar su capacidad productiva en el sector de defensa, como indicaba el mismo en la entrevista publicada ayer por La Vanguardia. Entre las empresas por las que ha mostrado cierto interés se encuentra la histórica Comforsa, cuyos orígenes se remontan a 1875.
En el encuentro del viernes, según las fuentes consultadas, se habló del asunto, aunque no se registró ningún avance significativo. Escribano expresó interés y apuntó a que el tema está en estudio. La administración catalana tiene mucho interés en encontrar un socio industrial para la empresa del Ripollés, de la que controla el 100% del capital. Aunque admitiría seguir presente en el mismo, con una participación minoritaria, como garantía de su continuidad y del respaldo público a la empresa. Para la comarca, el empleo de esta empresa de forja metálica para vehículos industriales y maquinaria pesada.
Sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que la solución Indra no es la única que la Generalitat tendría sobre la mesa, que mantiene abiertos contactos con otras compañías tecnológicas y de defensa.
Illa quiere que Catalunya, sus empresas, reciban una buena parte del dinero que el Estado destinará a este sector en los próximos años. Sólo en este 2025, la subida del gasto hasta el 2% del Producto interior bruto (PIB), lo que la economía produce en un año, ha implicado un aumento de la partida de unos 10.500 millones de euros.
Mientras, la Generalitat impulsa la elaboración de un contrato programa para Comforsa que asegure su viabilidad y estabilidad en el próximo futuro.
El Barça quiere vender ya más asientos vip
Las cuentas de la temporada pasada del FC Barcelona admiten dobles lecturas sobre la situación económica del club, como ha publicado extensamente este diario. Suben mucho los ingresos; se duplican las pérdidas de la temporada 2023/24. El balance del conjunto del segundo periodo de Joan Laporta es de unos 230 millones en rojo. Con sus idas y venidas sobre operaciones diversas, la más sonada la de Barça Productions, que se valoró en 408 millones y ahora está en 178 millones. Y a la baja, al decir del auditor.
Ahora, según fuentes de la entidad, los aumentos de los ingresos la situarían muy cerca del 1-1 del fair play financiero que impone la Liga y que lleva mucho tiempo intentando alcanzar. La regla permite que cada euro que se ingrese por ventas, bajas o ahorro salarial podrá gastarlo en fichajes. Las cuentas que se someterán a la aprobación de los socios el domingo tienen un efecto contradictorio: la subida de los ingresos, mejora el fair play; las pérdidas de los dos últimos ejercicios y el aumento de la deuda, lo empeora.
En cualquier caso, fuentes del club aseguran que ahora estaría a tan solo 35 millones de acogerse al 1-1. Y para ello cuentan con dos ingresos que consideran inminentes, siempre que esos cálculos sean ciertos. Por un lado, 30 millones pendientes de cobro de la venta del derecho de uso durante 30 años de 475 asientos VIP del Camp Nou. Operación que se cerró por 100 millones y de las que ya se han contabilizado 70.
El resto esperan obtenerlo, siempre según las mismas fuentes, con la venta a empresas interesadas de más asientos VIP, pero en lotes más pequeños que en la operación cerrada con una empresa de Qatar y otra de Emiratos Árabes. Esta última, de nombre New Era Visionary Group, pertenece al ciudadano moldavo Ruslan Birladeanu, al que el club también ha concedido la explotación comercial de la telefonía móvil del nuevo Camp Nou.
Si los cálculos con los que opera el club se confirmaran, le bastaría con colocar unas decenas de esas localidades para cuadrar los números. La solución pronto, pues la próxima ventana de fichajes de invierno se abre y LaLiga debe dar el visto bueno previo para acceder al nuevo nivel de fair play.
