El pasado miércoles, mientras Foment y la Asociación de Promotores de Catalunya (Apce) redactaban un duro comunicado para el día siguiente deplorando el fracaso de las negociaciones para aprobar la modificación de la norma que reserva el 30% de las nuevas promociones de vivienda o grandes rehabilitaciones para viviendas de protección social en Barcelona, el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, prometía ante un nutrido grupo de inversores locales y extranjeros próximas medidas para agilizar la tramitación de proyectos inmobiliarios en la capital. Concretamente, prometió “en las próximas semanas un decreto suprimiendo una treintena de decretos y ordenanzas municipales” que el edil barcelonés considera que están caducados o rebasados por la realidad económica y social. Las medidas han sido propuestas por una comisión no permanente del Ayuntamiento, la de “simplificación, agilidad administrativa y revisión normativa”.
El alcalde intervenía en el marco del Barcelona Real Assets Meeting, organizado en el Círculo Ecuestre por su presidente, Enrique Lacalle. Collboni se refirió al fracaso de las negociaciones para ese cambio en la regulación del 30%, con Junts, el partido de Carles Puigdemont, al que atribuyó la responsabilidad del fracaso: “pensábamos que teníamos un acuerdo”
Collboni también desplegó un catálogo de obras en marcha y proyectos de reforma en Barcelona, sobre todo de infraestructuras, desde el aeropuerto, al puerto, pasando por las estaciones de la Sagrera y la de Sants y el frente litoral.
También destacó que en Barcelona hay una “reserva potencial de suelo para la construcción de unas 70.000 viviendas nuevas” para hacer frente a ese acuciante problema e invitó a los promotores e inversores presentes a participar. Al menos el “50% de esas promociones debe ser privada”, señaló. Algún inversor presente manifestó su sorpresa y aseguró desconocer la existencia de esas reservas en la ciudad
Jaume Collboni
Collboni tampoco ocultó su proyecto para la ciudad, desde la futura desaparición de los pisos turísticos, programada para noviembre de 2028 y la política de regulación de los alquileres.
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El juicio a Jordi Pujol,
expresident de la Generalitat (1980-2023), se ha convertido en una historia interminable. El principal acusado tiene ya 95 años y una salud muy precaria, lo que ha desatado múltiples especulaciones sobre cómo podría ser su declaración, caso de producirse. La vista en la Audiencia de Madrid se iniciará el próximo 24 de noviembre, pero lo más probable es que los encausados no comiencen a declarar antes de abril del año próximo. Será en ese momento cuando su defensa decidirá qué plantear: desde que no declaré o que lo haga por vía telemática. Incluso su misma asistencia en el arranque de la vista está en cuestión.
La causa se abrió en el año 2014, después de que Pujol reconociera que su familia tenía desde hacía décadas dinero no declarado en cuentas bancarias andorranas. La conmoción política que provocó desató una actividad judicial febril.
La causa había arrancado a finales del 2012. como una investigación a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, - movimiento impulsado por el excomisario José Villarejo con denuncias de una amante del vástago del político nacionalista y del inefable Javier de la Rosa, hombre de negocios condenado en numerosas causas por quedarse con dinero del grupo kuwaití KIO y por vaciar los bolsillos de los accionistas de Grand Tibidabo- y en el momento del reconocimiento de las cuentas andorranas todo se acumuló en el jugado número 5 de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la instrucción no pudo avanzar mucho. Se investigaron operaciones que en su gran mayoría se habían realizado cuando Pujol ya no era president de la Generalitat, por lo tanto su posible intervención en ellas no se ha podido constatar y en la mayoría de los casos son antiguas. Las defensas de los encausados creen que tienen un argumento de peso contra las acusaciones a sus representados en la prescripción.
