Dos años y medio después de que el Ministerio de Trabajo llegara a un acuerdo con los sindicatos para establecer el estatuto del becario, finalmente esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado este anteproyecto de ley. La oposición de la patronal y de las universidades y las reticencias iniciales del socio mayoritario del Gobierno han provocado este considerable retraso y además, auspician tiempos difíciles para la norma cuando llegue al Congreso.
“La formación está destinada a aprender, nada más que esto, no a sustituir a personas trabajadores”, ha afirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros”.
La iniciativa tiene dos grandes objetivos. Por un lado, evitar las prácticas fraudulentas, para lo cual limita tanto el número de becarios por empresa (máximo del 20% del total de la plantilla), como el número de las prácticas extracurriculares, que quedan en un tope de 480 horas por alumno. Se actúa en este terreno entendiendo que es el más susceptible para un uso incorrecto de la norma al no estar vinculado directamente con la formación.
Y, por otro lado, establecer compensación de los gastos que tengan los estudiantes por manutención y desplazamientos, lo que ha provocado las protestas de los rectores universitarios. Todo acompañado con sanciones para las empresas incumplidoras.
”Las personas becarias no deben ser trabajadores que realizan tareas 'low cost'”, indican desde Trabajo, que añaden que el objetivo es que el acceso a la formación en las empresas no se convierta en una fórmula que degrade las condiciones de trabajo.
Se trata de evitar figuras como la de los falsos becarios y asegurr que en ningún caso esta formación puede sustituir las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena.
Lee tambiénTrabajo y los sindicatos firman el estatuto del becario con dudas sobre su aprobación
Esta norma es uno de los emblemas del Ministerio de Trabajo y de su responsable, Yolanda Díaz, pero que ha encontrado una y otra vez para llevar la iniciativa al Consejo de Ministros, hasta este martes. Sin embargo, a partir de ahora, una vez aprobado, le tocará pasar otra prueba complicada, la de sumar votos suficientes en el Congreso de los Diputados, más que difícil en el contexto actual.
La conferencia de rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha manifestado de forma reiterada su oposición a la norma, especialmente por la compensación económica a los estudiantes que se exige en las prácticas. Una medida que consideran que pone en cuestión su viabilidad económica. Mientras, la CEOE argumenta que limita tanto el número de horas y aumenta la burocracia que acabará perjudicando la formación práctica de los estudiantes.
