El Ministerio de Vivienda ultima, con algunas novedades de última hora, el plan estatal de vivienda que estará en vigor entre el 2026 y el 2030 y que pretende impulsar la construcción de vivienda protegida ante el problema de acceso a un inmueble digno que existe en este momento. La financiación prevista es de 7.000 millones de euros, el triple que la del plan actualmente en vigor. La medida estrella es la condicionalidad de los fondos estatales a que las promociones que se financien tengan protección permanente y, por tanto, no se puedan liberalizar al cabo de unos años. Pero no es la única. En los últimos días el Gobierno ha incorporado al plan otra medida reclamada por la mayoría de comunidades autónomas y también por el sector promotor: ayudas para acelerar la urbanización de suelos.
Los recursos del Estado servirán para urbanizar suelo ya adquirido pero parado, no para comprar
El plan estatal de vivienda contará con un nuevo programa de ayudas al desarrollo del suelo y la urbanización, según ha sabido La Vanguardia . Estas subvenciones se concederán en función del número de viviendas protegidas incluidas en el desarrollo, lo que implica que a más inmuebles protegidos, más ayudas. Los fondos, eso sí, no servirán para financiar la compra de suelo por parte de las comunidades autónomas, sino para que suelos que ya son propiedad del ejecutivo autonómico interesado y que tengan la categoría de residencial se puedan urbanizar. El objetivo es acelerar la movilización de terrenos ya calificados, pero que se encuentran parados a la espera de desarrollo.
La medida estrella del ministerio es la prohibición de que las viviendas públicas pasen al mercado libre
La medida había sido planteada por hasta ocho comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Vivienda ya la ha incorporado a la última redacción del plan estatal.
Las ayudas a jóvenes para vivienda en la España despoblada se amplían a municipios de 20.000 habitantes
Otra medida incorporada al plan afecta a los jóvenes. La Comunidad Valenciana planteó no computar los ingresos de toda la unidad de convivencia en las ayudas al alquiler y el Gobierno ha aceptado que en esas ayudas a los jóvenes inquilinos sólo se tenga en cuenta los ingresos de la persona que se emancipa, y no los de sus progenitores.
Tras la Conferencia de Presidentes, Catalunya, País Vasco, Navarra, Canarias y Asturias aceptaron el acuerdo
Vivienda también ha aceptado ampliar el límite de habitantes para municipios o núcleos de población en los que se solicitan ayudas por parte de los jóvenes para adquirir una vivienda. La medida tiene como objetivo incentivar el traslado de nuevas generaciones a la España despoblada y el límite de habitantes de la población de destino estaba fijado inicialmente en 10.000 habitantes. Sin embargo, la última redacción del plan contempla que las ayudas se puedan solicitar en municipios de hasta 20.000 habitantes, siempre y cuando la población en esas localidades haya disminuido un mínimo del 5% en los últimos cinco años. Esta medida había sido propuesta por Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja.
El Gobierno ha querido negociar con las comunidades autónomas el borrador del real decreto que aprobará el Consejo de Ministros antes de final de año, conversaciones que se han acelerado en las últimas semanas y que tienen como resultado la incorporación de estas aportaciones realizadas por gobiernos territoriales. El diálogo, por tanto, ha sido fluido en todo momento con prácticamente todas las autonomías.
A modo de resumen, el plan estatal de vivienda 2026-2030 ha recibido 362 aportaciones en el trámite de audiencia pública, muchas remitidas por comunidades autónomas y ayuntamientos. Además, Vivienda ha mantenido una conferencia sectorial con las administraciones territoriales y cinco comisiones multilaterales de vivienda y suelo desde el pasado verano. El próximo martes volverá a celebrarse una nueva conferencia sectorial de cara a ultimar el documento final.
En el borrador inicial del plan participaron las comunidades que aceptaron el acuerdo que planteó Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Barcelona. Fueron Catalunya, Euskadi, Navarra, Canarias y Asturias. Posteriormente, el ministerio celebró en octubre reuniones bilaterales con las comunidades gobernadas por el PP, además de múltiples contactos telefónicos comandados por el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.
