La nueva tasa de basuras municipal está generando dudas entre los ciudadanos, invitaciones a recurrirla por parte de las asociaciones de consumidores y una previsión de numerosos litigios por parte de los expertos en tributos locales. La ausencia de un criterio unificado de aplicación provoca que los ayuntamientos hayan optado por calcularla empleando distintos criterios. Así, por un mismo hecho imponible, la recogida de residuos, se están produciendo notables diferencias de tributación, de entre 40 a 240 euros por una vivienda de las mismas características, dependiendo de la localidad de residencia, . Esta “enorme inseguridad jurídica” podría generar numerosos litigios, según ha advertido hoy la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública.
La tasa de basuras se está aplicando desde abril en todos los municipios de España de más de 5.000 habitantes. Se trata de un tributo municipal obligatorio recogido en la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se aplica en todas las viviendas y locales comerciales, no a los garajes. El hecho imponible es la prestación del servicio de gestión de residuos, una competencia que es de los ayuntamientos.
El motivo central de la inseguridad jurídica que han denunciado los inspectores de Hacienda local es que la citada ley no especifica cómo aplicar la tasa. El Ministerio de Hacienda, en efecto, no estableció un mecanismo común y, por tanto, cada ayuntamiento la aplica cómo estima oportuno bajo el criterio general de pago por generación de residuos.
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Algunos ayuntamientos la aplican teniendo en cuenta el consumo de agua de cada vivienda. Otros lo hacen teniendo en cuenta el valor catastral del inmueble y los residuos que generan los vecinos de una zona en concreto. Algún otro dependiendo de la situación del piso o los empadronados en el mismo. También hay quien aplica un criterio mixto, con una cuota fija y otra variable. No existe, en definitiva, un criterio común a nivel estatal, situación denunciada este martes por los inspectores de cara a posibles reclamaciones en los tribunales.
El criterio general a aplicar en la tasa de basuras es del de quien contamina paga. De esta forma, los expertos en tributación local han apuntado que en los próximos años existe la posibilidad de que “podamos encontrarnos con muchas sentencias” condenatorias, que podría anular la tasa, una por cada ayuntamiento. Los profesionales en fiscalidad recuerdan el caso de la plusvalía municipal, anulada por el Tribunal Constitucional.
Los inspectores recuerdan el caso de la plusvalía municipal, anulada por el Tribunal Constitucional
Los inspectores de Hacienda local entienden que los tribunales van a hacer un esfuerzo conscientes de la escasa regulación que hay y que, llegado el caso de analizar las reclamaciones de los ciudadanos, tendrán en cuenta el esfuerzo que está haciendo cada ayuntamiento por aplicar la ley teniendo en cuenta ese principio de pago por generación. Por ello, los ayuntamientos que están aplicando una cuota fija en la tasa de basuras ya no están teniendo en cuenta dicho principio.
Aquellos ayuntamientos que están empleando el consumo de agua de la vivienda para calcular la nueva tasa de basuras se apoyan en una sentencia del Tribunal Supremo del 2024 sobre una ordenanza de la Diputación de Barcelona. No obstante, el fallo se hizo sobre la normativa anterior que se aplica a la actual tasa, por lo tanto el Alto Tribunal debería reevaluar de nuevo su criterio. “La inseguridad jurídica es total”, insisten los inspectores.
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La asociación de fiscalistas también apunta que la tasa de basuras generará un déficit de 2.000 millones en los ayuntamientos de toda España. En concreto, las corporaciones municipales podrían gastar 5.325 millones en materia de residuos durante este año, según un estudio de una organización especializada en gestión de basuras. En cambio, esas mismas corporaciones han presupuestado recaudar por el mismo concepto 3.488 millones. La nueva tasa, por tanto, contaría con un grado de cobertura del 65%, lejos del 100% deseable.
