La Generalitat aspira a conseguir entre 3.800 y 5.000 millones de euros adicionales de recursos con el modelo de financiación que el Ministerio de Hacienda está construyendo. La horquilla es tan amplia porque apenas hay detalles que permitan calcular con precisión el impacto del nuevo sistema.
La previsión la dio ayer la consellera de Economia de la Generalitat, Alicia Romera, en una entrevista en TV3 donde declaró que una vez conocidos los principios generales del modelo, “ahora es la hora de los Excel”, en referencia a los cálculos que debe hacer Hacienda para contentar a todas las comunidades. La estimación de Romero se basa en las cifras que manejan los economistas y que fijan la mejora esperada para el conjunto de las comunidades entre 17.000 y 20.000 millones. La consellera no quiso especular con el importe que quedaría en términos por habitante. “Tendremos que ver qué población ajustada es porque seguramente se ajustará”, declaró. “Luchamos porque la población ajustada se acerque a la real”, añadió.
En ese aspecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no dio ninguna pista tras la reunión del bronco Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí que mostró la intención de reducir la brecha de la financiación por habitante entre la comunidad mejor tratada (Cantabria) y la peor (Comunidad Valenciana). Y además hacerlo sin que nadie pierda.
Con esa premisa se pueden inferir algunas cifras de cuánto dinero debería poner el Estado para conseguir esa equiparación. Con los datos de la liquidación del modelo del 2023 y lanzada la hipótesis de una equiparación como mínimo del 90% de los recursos de la autonomía mejor dotada, el coste del nuevo modelo es de 21.272 millones de euros (ver gráfico adjunto).
Los economistas prevén que Andalucía sería la comunidad más beneficiada en valor absoluto
Obviamente, en este ejercicio teórico las comunidades más beneficiadas con el cambio de modelo serían las que ahora están peor financiadas (Comunidad Valenciana y Murcia), que ganarían casi un 21% más de recursos respecto a la situación actual. No obstante, estas comunidades no serían las que recibirían un volumen mayor de recursos en valor absoluto. La más beneficiada sería Andalucía, con 5.427 millones más, seguida de Catalunya, con 3.665 millones. La Comunidad Valenciana se quedaría con 3.373 millones más. Cantabria y La Rioja serían las perdedoras .
La citada cifra estimada para Catalunya con este cálculo (3.665 millones) es similar a la banda baja de mejora del modelo defendida ayer por la consellera Romero (3.800 millones).
Los cálculos de los economistas consultados están hechos en base a competencias homogéneas para que puedan compararse entre comunidades. Tampoco se han tenido en cuenta las subidas o bajadas de impuestos que cada comunidad puede ejercer. Y lo más importante es que se mantienen los mismos criterios de población ajustada que en el modelo actual.
En el sistema de financiación no se distribuyen los recursos sobre la base de la población real, sino que la cifra de habitantes se “ajusta” a la baja o al alza en función de diferentes criterios, como la insularidad, la dispersión de población o el porcentaje de ancianos y de niños. Las fuentes consultadas coinciden con Alicia Romero en que la definición de la población ajustada será unas de las principales palancas que utilizará el Ministerio de Hacienda para ajustar la nueva financiación y que el ranking de ganadores sea el adecuado para conseguir el suficiente número de votos y sacar el modelo adelante en el Congreso de los Diputados.
Cantabria y La Rioja se situarían como las ‘perdedoras’ con un modelo como el anunciado
Hasta ahora, la brecha entre las comunidades peor y mejor financiadas era de un 25%. Con la simulación se reduciría hasta el 10%.
Obviamente, tampoco se ha tenido en cuenta cómo penalizará el nuevo modelo a las comunidades que bajen impuestos. Esa nueva característica fue otro de los principios que enumeró la vicepresidenta Montero tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
