La Generalitat ha logrado convalidar el decreto de las renovables en el Parlament con una amplia mayoría. La nueva norma regula por primera vez las comunidades energéticas y las baterías eléctricas e introduce varias mejoras para reducir la burocracia en la tramitación de los parques solares y eólicos. En concreto, el Govern confía en que las mejoras introducidas reduzcan a la mitad los tiempos de tramitación de los proyectos empresariales, pasando de una media de tres años a un año y medio.
La votación ha salido adelante con un amplio consenso con el apoyo de PSC, Junts, ERC y Comuns. Los partidos han destacado la necesidad de avanzar en la descarbonización de la economía. Por su parte, los republicanos y comunes han valorado que el nuevo decreto tiene en cuenta la voz del mundo local, al incorporarlo en mesas de diálogo social en cada veguería, y al establecer mejoras en los procedimientos de participación local. El PP, CUP, y AC se han abstenido, mientras que Vox ha votado en contra. En total, 103 votos a favor, 20 abstencciones y 11 en contra.
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Uno de los elementos clave que ha permitido amarrar los apoyos de ERC y Comuns es la eliminación del interés público superior. Hace dos semanas, la propia consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, explicó que la decisión de eliminar esta figura jurídica se debió a los “recelos” del mundo local al considerar que se trataba de una implantación automatizada de los parques fotovoltaicos y eólicos. “En ningún caso se planteó como una barra libre para los proyectos empresariales, pero igualmente se ha decidido eliminar”, señalan las citadas fuentes. El interés público superior se recoge ahora sólo en el preámbulo y la Generalitat esperará a que el Gobierno transponga esta directiva europea para ver si es necesario añadirlo en el decreto.
El decreto ley 22/2025 para aumentar la resiliencia del suministro eléctrico en Catalunya regula por primera vez la figura de las comunidades energéticas. Esta medida se refiere a las comunidades de personas que se unen para generar y gestionar su propia energía y servicios energéticos. En este sentido, se crea un registro de estas entidades, y también se regula la participación de los entes locales en estas comunidades, y se las dota de mayor autonomía. Por otra parte, se introduce una regulación para el almacenamiento mediante baterías. Actualmente, Catalunya tiene cerca de 1.500 MW en más de 130 proyectos en distintas fase con esta tecnología con derecho de acceso y conexión que hasta ahora estaban en el limbo.
El decreto ley avanza en la simplificación administrativa. Así, por ejemplo, se permite la transmisión de autorizaciones administrativas de proyectos no puestos en servicio, para minimizar las renuncias de promotores. También se incrementa hasta los 500 KW la potencia mínima necesaria para requerir la autorización administrativa a un proyecto de generación eólica o fotovoltaica. Además, se agiliza la tramitación para mejorar o repotenciar la infraestructura de transporte y distribución de electricidad.
