Cambio de foco mediático. Tras el juicio del fiscal general del Estado, el Gobierno ha decidido cambiar la agenda que tan bien controla. Ahora toca hablar de economía y dejar en un segundo plano la agobiante actualidad judicial. Prometió, y en esta ocasión lo va a cumplir, presentar los presupuestos generales del Estado al Parlamento antes de final de año, aunque no se aprueben.
Después de tres años sin rendir cuentas, cumple con el mandato constitucional aunque sea fuera de plazo. Serán unos presupuestos ful . Más enfocados hacia el contexto electoral que se abre en determinadas autonomías, como Extremadura, Andalucía, la Comunidad Valenciana, etcétera. Por tanto, serán unos presupuestos expansivos, llenos de promesas y regalías en busca del voto perdido.
Que el Gobierno no pueda aprobar los presupuestos le resta legitimidad
Su valor, por tanto, como documento de debate de política económica es mínimo. Sin embargo, electoralmente serán muy útiles para Pedro Sánchez. La economía va bien, se acaba de revisar al alza el crecimiento del PIB que terminará el presente ejercicio aproximadamente en el 3%.
La inmigración masiva está haciendo milagros en las cifras de coyuntura, aunque los problemas estructurales no solo no mejoran, sino que se agravan, como es el caso de la vivienda, las pensiones, la deuda pública, el PIB nominal y las tasas de pobreza. Pero electoralmente no son cuestiones urgentes y pueden esperar hasta la siguiente legislatura.
La gran virtualidad del proyecto presupuestario, una vez fijado el techo de gasto, es que se hablará de economía. El terreno más propicio para el Ejecutivo. Previsiblemente habrá partidas muy generosas para los territorios donde se pretende ganar votos. El hecho de saber que no se aprobarán permite ser más dadivoso. Una táctica que siempre funciona: los electores quieren escuchar buenas noticias, y para un político no hay nada mejor que decir a cada votante lo que quiere oír.
Lo cierto es que los datos de coyuntura económica responden a una fotografía atrasada de la realidad. El año 2025 ha sido un buen ejercicio en términos generales. Otra cosa distinta son las previsiones de futuro. Todos los organismos nacionales e internacionales coinciden en señalar que España entra en una desaceleración suave.
El crecimiento a partir del 2026 se va a ir moderando. La llegada de emigrantes será menor, y lo mismo sucederá con las subvenciones que provienen de Europa que se acabarán en junio. Las tasas de inflación tienden a un mayor crecimiento por el coste de la energía, de los costes laborales y de algunos productos de la bolsa de la compra. La inversión y el consumo también se mantendrán, aunque con cierta tendencia a la baja.
El problema de fondo, sin embargo, es político. El hecho de que el Gobierno no pueda aprobar los presupuestos le resta legitimidad, ya que gobernar sin respaldo parlamentario ni popular no resulta demasiado ético que digamos.