El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se juega gran parte de la legislatura con el plan para construir 50.000 viviendas públicas hasta el 2030 que anunció ahora hace un año. El proyecto entra en una fase decisiva con la salida a concurso de los primeros solares y con un saldo de ejecución en el que está teniendo un papel relevante la compra directa de vivienda a fondos y bancos.
En el balance de los primeros doce meses, el Govern incluye 1.800 pisos adquiridos a entidades como Cerberus o InmoCaixa, además de 4.000 inmuebles ya en producción por parte del Incasòl y otros 3.000 de los ayuntamientos con fondos Next Generation. Con estos cálculos, pues, el plan 50.000 tiene un 18% de los pisos disponibles o en estado avanzado de construcción en su primer año. En las próximas semanas, la Generalitat tiene previsto sacar a concurso los primeros lotes para edificar vivienda asequible en solares públicos, lo que supone el grueso de su plan estrella.
Con esta última vía, estima que a partir del 2026 podrían iniciarse los trámites para levantar 22.241 pisos potenciales, de los cuales un 65% cuenta ya con promotor. Quedan pendientes otros 18.959 inmuebles para llegar al 100% de las viviendas comprometidas en el 2030.
El sector ve arriesgada la fecha del 2030 para el plan 50.000, pero valora que la maquinaria esté en marcha
Una parte del sector entendió en un principio que el conjunto de las 50.000 viviendas anunciadas sería de nueva construcción a partir de la convocatoria de solares que el Ejecutivo impulsa. Finalmente, el Departament de Territori i Habitatge, que dirige Sílvia Paneque, aclaró que también cuentan los inmuebles adquiridos mediante el derecho de compra preferente (tanteo y retracto), una medida que ha ampliado este año. De esta manera, el plan incorpora vivienda que ya estaba habitada parcialmente, pero que ahora pasa a estar bajo el paraguas público de forma permanente. Es el caso de los 743 pisos que la Generalitat ha comprado a Cerberus por 72 millones de euros, el fondo que se quedó con los activos tóxicos del BBVA. Gran parte de los inquilinos ya estaban en el programa Reallotgem, por el cual la Administración abona un porcentaje del alquiler al propietario de los pisos. Ahora el tenedor pasa a ser la Generalitat. Los 12.000 pisos que Catalunya gestiona ahora provenientes de la Sareb, en usufructo por cuatro años prorrogables, no se están incluyendo en el plan 50.000.
El sector privado se muestra optimista con el desarrollo del programa de vivienda. Los máximos responsables de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) y de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) confían en que los primeros lotes de solares de la Generalitat salgan a concurso a principios de año. “Están avanzando sobre el suelo que ya tenían más o menos identificado”, explica el presidente de los promotores catalanes, Xavier Vilajoana. “Están en marcha y, una vez se hayan adjudicado los solares, podemos contar dos o tres años de construcción para las primeras promociones”, comenta el máximo responsable de los constructores, Lluís Moreno.
En cuanto al horizonte del 2030,Vilajoana afirma que prefiere no centrarse tanto en las fechas como en el mero hecho de que la maquinaria “está en marcha”. “Hay muchos factores que no dependen directamente del Govern, como las propias licencias urbanísticas, por lo que es muy arriesgado intentar poner una fecha para lograr el hito”, explica.
Un estudio de la UPC rebate la necesidad de edificar más y aboga por la vivienda social y el control de rentas
El Govern todavía no ha hecho públicos los detalles del concurso para adjudicar los solares, pero sí ha trascendido que licitará una primera remesa a principios de año con lotes de unas 400 viviendas. En total, se movilizarán solares que se encuentran en fases muy avanzadas para construir entre 1.500 y 1.800 pisos. “Los contratos que se licitarán pueden ser de un tamaño demasiado grande para el tejido empresarial en Catalunya”, valora Vilajoana.
Por su parte, Moreno apunta que la movilización de los solares para las 50.000 viviendas públicas debe ser únicamente un primer paso. “Tenemos actualmente un déficit de unas 300.000 viviendas, y la demanda sigue aumentando. Es importante que también se logre movilizar todo el suelo disponible para cumplir con el plan de levantar 210.000 viviendas públicas y privadas que recientemente ha anunciado el president”, comenta el empresario.
Por su parte, Montserrat Junyent, presidenta de la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, valora igualmente la iniciativa, si bien pide un marco legal “estable” que genere certidumbre para alcanzar los objetivos. Por ello, defiende la creación de un pacto transversal por la vivienda.
Los primeros pisos de la convocatoria de solares estarán listos en dos o tres años, según los constructores
La necesidad de generar más vivienda centra así las principales medidas para paliar las dificultades de acceso. Pero esta visión de centrar los esfuerzos en construir más empieza a ser cuestionada por algunos actores. Es el caso de un estudio de la UPC que el Ministerio de Vivienda presentó recientemente. El trabajo, firmado por los investigadores Blanca Arellano y Josep Roca, defiende que no existe un grave déficit de viviendas y que las políticas de oferta no son la solución al encarecimiento de precios, porque durante la burbuja se edificaba a manos llenas y el encarecimiento se disparó. Por el contrario, sostienen que el principal reto está en la construcción de vivienda social y defienden asimismo el control de rentas para enfriar el mercado.
