Hoy no es posible una medicina mínimamente científica si no puede basarse en la evidencia de los datos y de la información sobre la efectividad de la asistencia. Es por ello normal que en un sistema en el que la asistencia privada tiene una relevancia tan grande como en el nuestro, no se puede prestar una buena atención a los ciudadanos sin que se compartan datos personales (del entorno y sociolaborales). De ahí el clamor para que la historia clínica del usuario sea única y accesible por parte tanto del sistema público que lo gestiona como del privado; una forma de colaboración público-privada, que se entiende, pero que hoy tiene sus problemas. Dichos problemas se generan por la deriva observada en el seguro privado en la medida que abandona el segmento substitutivo Muface, propio de los funcionarios, financiado públicamente, para ofertar exclusivamente cobertura parcial y complementaria. Y ello donde más beneficio se percibe: acceso más temprano –ante las listas de espera de la sanidad pública– y centrado en el diagnóstico. Este es el ámbito en el que la demanda, ante la angustia de una sospecha de enfermedad, a veces detectada en la propia sanidad pública, más fácilmente se vehicula hacia la sanidad privada. La prima se abona por este acceso, sin renuncia a la asistencia pública. Nada, por tanto, a subvencionar con deducciones fiscales, y por un coste moderado para unas pruebas diagnósticas que mantienen el glamour tecnológico y que se han abaratado en el tiempo.
Aventajados
Compartir datos mejora la atención, pero quien se diagnostica en la privada avanza posiciones en la pública
Todo ello aparenta normalidad en una sociedad que contempla aspectos del acceso a la sanidad como si de una especie de bien de lujo se tratase, con menos tolerancia a la espera y más utilidad de tratamientos adicionales. Incluso se puede argumentar en favor de dicha tendencia que de este modo se libera lista de espera diagnóstica en el sistema público, lo que en principio mejora a todos los pacientes. Pero aquí se encuentra la clave del problema. Incorporada la información diagnóstica privada en la historia clínica compartida, el diagnosticado, a falta de regulación explícita, se sitúa en mejor posición que el resto para los tratamientos públicos. En concreto, accede antes respecto de quien ha seguido la doble lista de espera, de acceso a la atención primaria, de pruebas diagnósticas y después de tratamiento en el sistema público. De modo que al final del día, compartir información al completo, algo deseable, abre una espita a nuevas formas de desigualdad que tácitamente liman el discurso de la igualdad y universalidad que algunos políticos no cesan de proclamar. Además, lo acontecido estos días en la sanidad madrileña, anteponiendo el lucro a las buenas prácticas clínicas, desde el núcleo de tratamientos públicos conveniados en colaboración público-privada, agrava la deriva anterior. Conviene recordar siempre que lo verdaderamente público no es el instrumento sino la finalidad.