Ayudado por la nueva doctrina europea de agilización y simplificación de trámites, el Gobierno ha logrado pactar con Bruselas un nuevo plan para recibir las ayudas directas aún pendientes de la UE en el que reducirá considerablemente la cantidad de reformas que deben pasar por el Parlamento. Es un pequeño alivio para un Ejecutivo que acusa su debilidad parlamentaria y que quiere acceder a todas las subvenciones a las que España tiene derecho.
La nueva adenda al Plan de Recuperación, aprobada ayer por el Consejo de Ministros tras semanas de intensas negociaciones con Bruselas, contempla medidas que sustituyen otras incluidas en varias leyes a cuya aprobación se había comprometido el Gobierno. Pueden articularse ahora mediante reales decretos u órdenes ministeriales, lo que evitará el trámite del Congreso. La reformulación de compromisos es amplia y afecta a 160 hitos y objetivos del plan, de los que cerca de un centenar han quedado eliminados.
Ya no serán necesarias las aprobaciones en el Congreso de la ley de Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, de la reforma de la ley de Competencia, de la ley de Ordenación de determinadas profesiones del deporte, de la ley del Suelo y de la ley de Pesca.
Desde que en octubre Junts decidió romper el pacto de investidura, las opciones del Gobierno de sacar adelante normas de este tipo se han reducido. Sin embargo, sigue habiendo margen de negociación, como se demostró ayer. El Gobierno logró en comisión el apoyo del grupo catalán a la reforma de la ley de Economía social y Cooperativas, impulsada por el Ministerio de Trabajo tras incluir varias enmiendas.
Desde Economía precisan que, pese a que no resulten ahora necesarias estas leyes para recibir los fondos, eso no significa que el Gobierno vaya a renunciar a aprobarlas. “Aunque se retiren de ser hitos y objetivos, no decaen dentro de la agenda reformista del Gobierno”, afirman desde el departamento dirigido por Carlos Cuerpo.
El objetivo es acceder a casi 80.000 millones de ayudas directas y otros 22.800 millones en créditos
Uno de los ejemplos de cómo Bruselas ha aceptado cambiar leyes por medidas de menor rango es la ley del Suelo. La Comisión Europea ha aceptado la creación de la nueva empresa pública Casa 47 para substituir esta norma tumbada por las Cortes.
El ministro de Economía reconoció ayer tras el Consejo de Ministros que, en cambio, sí será necesario aprobar en el Congreso antes de que venza el plazo a comienzos del 2026 la reforma fiscal que eleva los impuestos al diésel. A comienzos de este año esta norma ya fracasó en el Parlamento. “El diésel sigue siendo parte de los hitos asociados al plan de recuperación”, afirmó Cuerpo. “Estamos en el plazo adicional de cumplimiento de este hito, que finaliza a finales de enero”. Otra de las leyes que sigue requiriendo aprobación parlamentaria es la de Industria.
El otro gran elemento de la nueva adenda, la séptima de las presentadas hasta la fecha, consiste en una agilización de trámites y extensión de hitos para que dé tiempo a ejecutar las ayudas antes de agosto del 2026. La idea es que, una vez aprobada la adenda, el Gobierno pueda solicitar los dos últimos pagos, uno a comienzos del 2026 y otro justo antes de que venza el plazo en agosto.
Para que la inercia de los fondos pueda seguir contribuyendo al crecimiento económico, la nueva adenda también contempla que la mayor parte de las ayudas pendientes se convierta en una inyección de 13.000 millones al ICO para su posterior utilización más allá de agosto del 2026. Otra novedad también es una partida de 300 millones para inversiones en supercomputación.
Esta adenda cerrará el capítulo de los fondos Next Generation, uno de los mayores programas de estímulo económico de las últimas décadas. España, afirmó ayer Cuerpo, “es el segundo país en número de hitos alcanzados”. Se ha llegado al 80%, afirmó.
La fiscalidad del diésel sigue formando parte de las leyes de obligada aprobación parlamentaria
Ya es posible, según el ministro, sacar la foto final de estas ayudas. De los casi 80.000 millones de euros en ayudas no reembolsables a las que tiene derecho España, el Gobierno aspira a obtenerlas todas. El objetivo de la adenda es precisamente acceder a los 24.700 millones aún pendientes en estas ayudas directas. En cambio, de los 83.000 millones en créditos que pueden recibirse, el Gobierno solo tomará 22.800 millones porque, según argumenta, el país ya se financia en condiciones iguales o mejores a las de estos créditos. Con la suma de las ayudas directas y los créditos, los Next Generation habrán dejado casi 103.000 millones de euros en la economía española.
