Cani Fernández, who heads the National Commission on Markets and Competition (CNMC), urged lawmakers in the Congress of Deputies on Thursday to approve the draft legislation aimed at enhancing democratic governance in digital services and regulating the media. This bill has been pending for over a year and is crucial, partly to empower the commission with the authority to penalize content disseminated on social media platforms.
“Se nos llevan los demonios en el equipo provisional que hemos montado en la CNMC para ir colaborando con otras autoridades de competencia europeas cuando vemos las atrocidades que se están cometiendo en el mundo online contra los derechos de nuestros jóvenes, de los consumidores, etc. Y nosotros no podemos sancionar”, ha advertido Fernández durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso.
Durante su intervención, la máxima representante de la CNMC señaló que la denominada “Ley de Servicios Digitales”, representa esencialmente la adaptación a territorio español del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Este reglamento establece las directrices para el funcionamiento de plataformas en línea, intermediarios y servicios digitales de gran envergadura, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los usuarios y fomentar un mercado unificado más seguro y diáfano, habiendo sido promulgado en Bruselas durante el año 2022.
Este marco regulatorio se aplica a plataformas como intermediarios, proveedores de alojamiento, redes sociales, mercados en línea y motores de búsqueda, estableciendo deberes para la eliminación de material ilegal, la mitigación de riesgos a gran escala, la divulgación de cómo funcionan los algoritmos y la rendición de cuentas ante los usuarios.
Sus metas principales son tres: fortalecer la salvaguarda del usuario (seguridad, derechos digitales, sistemas de queja), exigir más claridad y responsabilidad de las plataformas (cómo gestionan el contenido y el funcionamiento de sus algoritmos y publicidad), y garantizar una rivalidad equitativa en el ámbito digital.
En España, el borrador de la ley para su implementación se elaboró a finales del año anterior, nombrando a la CNMC como la entidad nacional encargada de supervisar la aplicación de la DSA. Esta designación facultaría a la CNMC para imponer sanciones económicas de hasta el 6% de los ingresos anuales totales de las compañías que no cumplan con las directrices establecidas por Bruselas.
However, that law remains unpassed, meaning the CNMC lacks the authority to impose fines. This delay prompted the European Commission to initiate infringement proceedings last year and bring Spain before the Court of Justice of the EU.
El Ejecutivo buscó resolver este escenario, incorporando la Ley de Servicios Digitales en el decreto ómnibus del 23 de diciembre del ejercicio anterior, el cual fue rechazado en el Congreso. Después de esa primera iniciativa infructuosa, el Consejo de Ministros dio luz verde el 25 de febrero de 2025 a un borrador de ley, que más tarde se convirtió en el “Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación”. Este es el que desde ese momento se encuentra en proceso de tramitación con periodos de enmienda disponibles y sin una fecha de aprobación definida.
Una demora cuyas consecuencias ha resaltado la presidenta de la CNCM. “No estamos habilitados legalmente para actuar y, por tanto, no podemos ejercer la mayor parte de nuestras funciones ni tener personal dedicado 100% a esta tarea. Esta situación cambiaría si se aprobase el proyecto de ley de Gobernanza Democrática”, ha advertido reclamando un movimiento coordinado de todos los grupos políticos.
