El urbanismo sostenible en Catalunya: un reto urgente entre el ideal y la realidad

Vivimos un momento crítico en materia de vivienda. Las colas de interesados en visitar pisos se multiplican, los precios se disparan y cada vez más familias se ven empujadas fuera de las ciudades. Es el reflejo de un problema estructural que afecta a todo el territorio y que, según un nuevo estudio de la Càtedra APCE-UPF “Habitatge i Futur”, tiene raíces profundas en la manera en que planificamos y construimos nuestras ciudades. 

El octavo policy brief de la cátedra, titulado “Desafiaments de l’urbanisme sostenible” y elaborado por los economistas Agustí Jover, Miquel Morell y Marc Gras, señala que hace más de dos décadas que Catalunya apuesta por el modelo de urbanismo sostenible, pero los resultados están muy lejos de los objetivos marcados. La transformación urbana por la que se había apostado choca contra un muro de dificultades económicas, técnicas y de voluntad política.

Según el documento, la producción de vivienda en Catalunya y en España ha acumulado déficits desde el año 2013, con una caída muy significativa respecto a los años anteriores. La media anual de viviendas nuevas en España ha pasado de 282.284 (1991-2000) a 72.002 (2013-2024), y en Catalunya de 42.334 a 9.094 en los mismos períodos. 

Esta falta de producción ocurre en paralelo a un aumento de la población, hecho que intensifica la presión sobre el mercado de la vivienda. Tal como se indica en el estudio, la burbuja financiera generó una sobreoferta en algunos territorios, pero esta no compensó el déficit en las zonas metropolitanas, donde la demanda es más alta y el suelo más escaso. 

La producción de vivienda protegida (VPO) también ha caído, pasando de representar el 22% del total en España (1991-2000) al 14% (2013-2024), y con un leve aumento en Catalunya, pasando del 9% al 14%. Esta reducción de la oferta, en un contexto de crecimiento de la demanda, provoca tensiones de precios y excluye una parte creciente de la población del mercado de la vivienda.

El informe detalla que Catalunya se encuentra entre las comunidades autónomas con menor producción de vivienda nueva por habitante, pese a ser una de las que más crece en población. La ratio de vivienda libre terminada es de 1,02 por cada 1.000 habitantes (1,32 en España), y la de vivienda protegida es de 0,16 por cada 1.000 habitantes. Esta situación es especialmente grave porque la demanda de vivienda en Catalunya no para de crecer. 

El esfuerzo presupuestario de la Generalitat en materia de vivienda (0,67% de las obligaciones reconocidas) supera el del Estado (0,24%) pero, según los autores del documento, no es suficiente para compensar la falta de financiación estatal. El número de VPO terminadas está bajo mínimos y, sin una implicación decidida del Estado, no se podrá revertir la situación.

Según los datos recogidos por los autores, el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH) estima que Catalunya necesitará 375.700 nuevos hogares en 15 años (25.000 anuales), con una concentración del 63% en el Ámbito Metropolitano. La producción actual de viviendas está muy por debajo de estas necesidades, generando un déficit anual de unas 10.000 unidades. 

El parque de vivienda vacante no compensa este déficit, especialmente en las zonas metropolitanas, donde la demanda es más intensa y el parque existente está casi todo ocupado. Así, el parque de vivienda vacía no compensa el déficit existente, especialmente en las zonas metropolitanas, donde casi todo el parque está ocupado. Esto hace aún más urgente impulsar nueva construcción para equilibrar oferta y demanda.

El documento destaca que Catalunya hace más de 20 años que apuesta por un urbanismo sostenible, recogido en la Llei 2/2002 y las agendas internacionales (Habitat III, ODS). El desarrollo urbanístico sostenible implica utilizar racionalmente el territorio, compatibilizando el crecimiento económico con la cohesión social, el respeto al medio ambiente y la calidad de vida. 

El cambio de paradigma se traduce en una transición de la expansión urbana hacia la regeneración y renovación de la ciudad construida, pese a las dificultades derivadas de la falta de financiación pública y privada. Según los autores, la legislación catalana ha ido incorporando criterios de sostenibilidad, pero la materialización de estos principios requiere instrumentos y recursos que a menudo son insuficientes.

El estudio analiza nueve Planes de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de nueva generación de ciudades intermedias, aprobados entre 2009 y 2023, con poblaciones de entre 16.000 y 80.000 habitantes. El potencial total de nuevas viviendas previsto es de 43.585, repartidos entre suelo urbano (PAU, PMU) y suelo urbanizable delimitado (SUD). Según el informe, hay una gran dispersión en los criterios de desarrollo y en el factor de arrastre, que frena la materialización de los ámbitos previstos. 

El planeamiento tiende a concentrar el potencial de vivienda en el suelo urbano, coherente con el modelo sostenible, pero la iniciativa pública es limitada (18% de los ámbitos), y la mayor parte de la transformación recae en la iniciativa privada. El modelo actual no responde adecuadamente al déficit acumulado ni a las necesidades futuras, especialmente en el Ámbito Metropolitano, donde el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) que apuesta por la renovación urbana (73% del potencial de crecimiento) debería abordar con más valentía el debate sobre la densificación de los tejidos urbanos.

Tal como se refleja en el policy brief, el urbanismo sostenible ha ido incorporando el vector social, con reservas crecientes de vivienda protegida y medidas legislativas para la inclusión. La producción legislativa ha sido intensa, pero desde 2013 la desaparición de la subsidiación estatal ha reducido drásticamente la producción de VPO (de 5.273 VPO/año a 1.061 VPO/año en Catalunya). Se han creado reservas de suelo para VPO, pero no se ha materializado la producción. 

El Govern ha anunciado planes para promover 50.000 VPO y otras 210.000 viviendas en cinco años, con un 40-50% de VPO, pero esto requiere movilizar suelo y recursos de manera masiva. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 propone blindar el parque protegido, cofinanciar las promociones y mejorar la gestión de datos, pero la materialización de estos objetivos dependerá de la implicación real de las administraciones. 

Según los autores del documento, las operaciones de renovación urbana afrontan múltiples barreras: costes de transformación muy superiores a los del crecimiento en extensión (hasta 1,83 veces más altos), fragmentación de la propiedad, falta de liderazgo público, y dificultades para movilizar a los propietarios individuales. La viabilidad económica no siempre se traduce en factibilidad real, la fragmentación de la propiedad y la falta de motivación de los titulares dificultan la gestión y ejecución de los proyectos, y las operaciones de renovación urbana requieren un liderazgo fuerte, a menudo ausente, y la colaboración público-privada es limitada.

Tal como se desprende del estudio, el compromiso presupuestario de la Generalitat en renovación urbana no puede suplir el abandono de la VPO por parte de los presupuestos generales del Estado (0,07% del total entre 2014-2024) y la mayoría de las operaciones dependen de la iniciativa privada. La inejecución presupuestaria es crónica, y los recursos destinados al programa de barrios y núcleos antiguos son insuficientes para afrontar la transformación del suelo urbano. 

La práctica totalidad de los ámbitos de renovación urbana deben afrontar la transformación sin ningún programa de ayudas públicas, operando en condiciones de mercado. Esta falta de músculo financiero público dificulta la materialización de los objetivos del urbanismo sostenible.

Todo este análisis pone de manifiesto que el déficit de producción de vivienda en Catalunya es crónico y estructural, especialmente en el Ámbito Metropolitano, donde las necesidades superan ampliamente la oferta. La producción de vivienda libre y protegida se mantiene muy por debajo de las necesidades reales, hecho que alimenta la presión sobre los precios e incrementa la exclusión residencial. 

Pese a los esfuerzos normativos y la incorporación de criterios de sostenibilidad y dimensión social en el planeamiento, la realidad es que el modelo actual no ha sido capaz de revertir la falta de vivienda ni de adaptarse al crecimiento demográfico. 

Los autores del estudio concluyen que es urgente ajustar el potencial real de vivienda a las necesidades presentes y futuras, con nuevos instrumentos de planeamiento, procesos de densificación valientes y una implicación mucho más decidida de las administraciones públicas. Solo con colaboración público-privada y recursos suficientes se podrá garantizar el derecho a la vivienda, revertir el déficit acumulado y avanzar hacia una sostenibilidad real en las ciudades catalanas.