El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves una ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones. A partir de ahora los propietarios deberán justificar debidamente la razón por la cual alquilan de forma temporal y se limita el precio de alquiler por habitaciones. Aquí sus medidas principales:
¿Qué se regula?
La reciente normativa establece que si una propiedad se emplea para estancias temporales, ya sea por motivos laborales, académicos, tratamientos sanitarios, u otros, dicho arrendamiento se catalogará como residencial de temporada y estará sujeto a las restricciones de alquiler en áreas declaradas tensionadas. Asimismo, se ha implementado una regulación para el alquiler de habitaciones, de modo que el total de las rentas percibidas por todas las habitaciones de un mismo inmueble no excederá el tope legal fijado para la propiedad en su totalidad.
¿Por qué ahora?
La ley aprobada en el 2023 dejaba fuera de la limitación el régimen de alquiler temporal y vacacional. La nueva ley precisamente nace para regular este agujero legal que hacía posible utilizar contratos temporales para esquivar los límites de precio en zonas tensionadas.
¿Adiós alquileres turísticos?
Sí. La razón está en que se evita confundir “vivienda” con “actividad turística”, concepto que hoy ya tiene su propia regulación actuando por la vía de licencias y restricciones como las que se dan en el entorno de Barcelona. Incluye sin embargo a los colivings salvo si estos se entienden como apartahoteles.
¿Cómo se controlará?
La normativa introduce una mayor supervisión de las viviendas de uso turístico, otorgando a los inspectores la condición de agentes de la autoridad. Asimismo, se expanden las áreas donde la Administración puede ejercer los derechos de tanteo y retracto. Adicionalmente, se establece el registro de grandes tenedores, bajo la jurisdicción de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, y se conforma una comisión encargada de supervisar los contratos de alquiler de viviendas.
Más fondos
El texto aprobado concreta el destino de las fianzas en depósito en el Institut Català del Sòl (Incasòl) para incrementar así los recursos públicos para la construcción de vivienda protegida.
¿Y ahora qué?
La iniciativa contó con el respaldo de PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP, mientras que JxCat, PPC, Vox y Aliança Catalana se manifestaron en contra. Los populares han comunicado su intención de recurrir la nueva normativa catalana sobre alquileres de temporada ante el Tribunal Constitucional.