Foment del Treball calificó ayer como un “atentado contra la propiedad privada” la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones contemplada en el proyecto de ley aprobado el pasado jueves por el Parlament de Catalunya.
Según explicó la entidad ayer en un comunicado, el paquete de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, que salió adelante con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, “es una muestra inaceptable e inasumible de intervencionismo”.
La organización que preside Sánchez Llibre cree que se vulneran leyes estatales y europeas
“Esto no es una regulación equilibrada, sino una ofensiva que elimina derechos, alimenta la inseguridad jurídica y reduce el parque disponible”, señaló el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. “La Constitución no legitima la confiscación normativa ni el castigo ideológico al propietario”, remarcó Foment.
Desde el punto de vista del mercado, la patronal también advirtió que esta regulación tendrá como consecuencia una posible reducción de la oferta, ya que “cuando el riesgo regulatorio crece, muchos propietarios retiran las viviendas del mercado”, y eso acaba por tensar los precios, con lo que la reforma producirá efectos opuestos a los que pretendía.
Por ello, según la patronal catalana, el texto legislativo no es una medida técnica orientada a ampliar el parque de vivienda, sino “una norma punitiva e ideológica que acabará perjudicando, sobre todo, a las personas que buscan piso”.
Para el presidente de la patronal, la normativa no soluciona el fondo del problema, como es la carencia de vivienda disponible, sino que incluso convierte Catalunya en un “entorno imprevisible para invertir, tanto para grandes operadores como para pequeños ahorradores y familias”.
“Parece que el Govern de la Generalitat y sus aliados parlamentarios quieran destruir un sector económico y, al mismo tiempo, colapsar totalmente el mercado de la vivienda generando una incapacidad absoluta para crear nueva oferta de pisos”, denunció la patronal catalana.
Las críticas no solo se centran en el contenido de la norma, sino también sobre la forma y el procedimiento. Foment señala que dicha regulación “choca frontalmente con la legislación estatal, invade competencias exclusivas del Estado en materia de arrendamientos urbanos y rompe la unidad básica del régimen civil, con el consiguiente impacto sobre la estabilidad del mercado y la previsibilidad necesaria para invertir y poner viviendas en circulación”.
Asimismo, la patronal catalana opina que la norma “puede entrar en colisión” con el derecho de la Unión Europea, porque “afecta a la libertad de empresa, la libre circulación de capitales y el principio de seguridad jurídica”.
La nueva ley catalana regula el alquiler de temporada, que en ciudades como Barcelona representan una tercera parte de los contratos de alquiler; regula los precios de los alquileres de habitaciones; extiende la tipificación de vivienda de protección oficial en aquellos pisos en los que está a punto de caducar esta condición en las denominadas zonas tensionadas; eleva la reserva de suelo para vivienda protegida al 50% en Catalunya; establece un registro de grandes tenedores, y amplía los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración.