La ordinalidad

El concepto de ordinalidad ha estado presente en las discusiones sobre cada planteamiento de la financiación autonómica: el equilibrio entre nuestras aportaciones como catalanes y lo percibido como españoles. Dicha relación proporcional goza de aceptación popular (siendo uno de los escasos aspectos comprensibles de la financiación autonómica). No obstante, resulta llamativo que el criterio de ordinalidad se utilice indistintamente para elogiar o para criticar el nuevo modelo de financiación propuesto.

Dentro del planteamiento aún impreciso de la nueva financiación, no hay nada definido. Los motivos resultan complicados. Si se asegura la ordinalidad para el conjunto de las autonomías, cumplir con esta norma nos sitúa otra vez en un modelo de promedio variable y reordenación constante de las posiciones obtenidas; niveles que estarán sujetos al desarrollo del ciclo y a los parámetros de la perpetua población ponderada según demandas de inversión. Por el contrario, si únicamente se implementa en Catalunya, no hay seguridades ni resultará idéntico situar a la región en el tercer puesto de capitales obtenidos si queda un euro tras la segunda que un euro sobre la cuarta. Y ni siquiera es necesario mencionar si la jerarquía se fija en valores reales frente a los nominales, ajustada por el poder adquisitivo de un euro en el suelo español. Asimismo, no se percibe razón para validarla de palabra para Catalunya y excluir a las Islas, que igualmente representa una aportadora neta a los fondos públicos.

La justificación de la ordinalidad reside en la relación proporcional que debe existir entre el aporte según la capacidad tributaria a las arcas del Estado y la asignación de fondos obtenida por habitante. Frente a la ordinalidad se argumenta que el principio de solidaridad conlleva que las prestaciones derivadas del gasto no deben estar condicionadas por el volumen de la aportación previa. De este modo, gran parte de las prestaciones públicas constituyen derechos de carácter universal, sin importar la cuantía de los tributos abonados. Es más, si las ventajas del gasto se destinan a los sectores más desfavorecidos y la recaudación proviene de los más acaudalados, el traspaso hacia las regiones prósperas, según ciertas propuestas, debería situarse por debajo del promedio de la población y no superarlo, tal como otros defienden.

De cualquier modo, el núcleo de la disputa, al menos según se percibe en Catalunya, reside en lo que creemos que constituye el referente de la solidaridad. Para gran parte de España no existen ciudadanos catalanes, en términos impositivos, sino españoles que residen en Catalunya. Y sostienen que la potestad tributaria es indivisible, por lo que no reconocen facultad alguna a los representantes de los catalanes en su zona sobre las rentas por las que estos catalanes pagan impuestos. No obstante, bajo el federalismo fiscal –foedus procede de acuerdo–, el poder se distribuye; ya sea íntegramente o por secciones, los tributos abonados por los catalanes deberían pertenecer igualmente a la jurisdicción , a la cámara legislativa que les da voz. No debe interpretarse como una clase de devolución , de fondos provenientes de la autoridad central. No hay nada que la autonomía pueda conservar, puesto que jamás han sido caudales suyos , de forma distinta a lo que ocurre con el concierto vasco.

Por el contrario, el concepto federal valida una noción de ordinalidad y proporcionalidad específica para los habitantes que, sintiéndose ante todo catalanes, consienten en acordar su identidad como españoles y, lógicamente, europeos. Se trata del pacto tributario de apoyo mutuo y coexistencia que España suscribe con Europa en representación de la totalidad, aunque se niega a reconocerlo para los ciudadanos catalanes que lo solicitan con el fin de integrarse por voluntad propia como españoles.