Las viviendas precarias y la falta de castigo ante el atropello inmobiliario

Hace poco, desde UGT, se ha interpuesto una denuncia contra los portales de inmuebles, Idealista y Fotocasa, por beneficiarse de publicaciones de pisos arrendados que ignoran la normativa legal vigente. Dichos sitios web consienten ofertas en las que se exige el pago de múltiples mensualidades en concepto de garantía o la contratación de pólizas al arrendatario. Tales irregularidades provocan un incremento en el coste de los arrendamientos que no se refleja en el encarecimiento general que sufrimos, sobre todo en aquellas localidades que todavía no se han designado como zonas de mercado residencial tensionado.

A través de las quejas de UGT, una ante el ministerio de Vivienda y otra ante el ministerio de Consumo, mostramos los anuncios de alojamientos precarios con menos de 30 metros cuadros: depósitos reconvertidos en pisos, residencias fraccionadas en estudios diminutos, establecimientos de negocio reducidos que pasan a ser un “minipiso con encanto” y desvanes con maderas expuestas de estilo tradicional, en los cuales es necesario permanecer encorvado debido a que en gran parte del inmueble falta la elevación necesaria. Se trata de propiedades que no satisfacen las condiciones jurídicas para ser catalogadas como viviendas. 

Esto sucede en una de las publicaciones: un establecimiento comercial usado como morada que aclara que el residente no puede inscribirse en el padrón pues, al ser un negocio, carece de cédula de habitabilidad y, además, esto facilita evitar la LAU al acordar un tipo de contrato distinto al de arrendamiento de vivienda.

Existe un ejemplo adicional de vivienda precaria sumamente sorprendente en Madrid, un apartamento de 11 metros cuadrados en Malasaña, situado en el cuarto piso de una finca carente de elevador. En concreto, un cuarto de almacenaje ha sido transformado en un inmueble para arrendamiento temporal. Se requiere un pago anticipado de 500 euros que, si finalmente se alquila, no se computa en el coste del inmueble y queda en poder de la inmobiliaria Youhomey, una empresa que adapta casas de uso residencial para transformarlas en alquileres de temporada. Esta situación constituye uno de los motivos fundamentales del colapso en la disponibilidad de hogares residenciales; se retira el arrendamiento de larga duración para favorecer el alquiler temporal, el cual posee un marco legal más flexible y consiente atropellos como que un almacén se convierta en “alquiler temporal a ejecutivos y personal de embajada”, de acuerdo con lo que Youhomey promociona en la red LinkedIn. Este espacio minúsculo se comercializaba por 885 euros, lo que supone un coste mensual de 80,45 euros por cada metro cuadrado. Hace poco, el precio ha bajado a 765 euros. ¿Será un asunto de oferta y demanda?

Así lo afirmaba Julián Besteiro hace más de un siglo, en 1919, en una alocución respecto a la situación de la vivienda: “Porque realmente, para el que tenga un temperamento moral propicio a explotar a las gentes, el gran negocio no es construir casas de habitaciones de altos alquileres, sino construir cuarteles o zahúrdas (cochiqueras), por las cuales se puedan cobrar alquileres que parecen pequeños, pero que, en realidad, son alquileres extraordinariamente excesivos.”

“The Architect” constituye una producción que hallarán en Filmin, en la que una arquitecta en prácticas termina morando en un estacionamiento por el encarecimiento de los arrendamientos. ¿Opinan que este panorama distópico está realmente alejado de nuestra situación actual?

Resulta que durante esta emergencia habitacional no hay reparo alguno en abusar de los individuos al confinarlos en habitáculos reducidos. La carencia de hogares intensifica la falta de ética de ciertos actores para aprovecharse de la gente mediante el gran alcance de los portales inmobiliarios que promocionan alojamientos precarios y obtienen beneficios por cada publicación, omitiendo cualquier control a pesar de saber que dichas ofertas vulneran la normativa vigente.

El propósito de nuestra queja es lograr la supresión urgente de estos avisos y asegurar que los sitios web no promocionen casas que no acaten rigurosamente el marco legal.

Igualmente, reclamamos la fundación de una entidad de inspección vinculada al Ministerio de Vivienda que funcione de modo análogo a la Inspección de Trabajo, permitiendo multar a propietarios y plataformas digitales. Dicho departamento es esencial, ya que sin una intervención pública frente a estas irregularidades, aumentará el recelo hacia las instituciones al no ofrecer soluciones equilibradas ante las arbitrariedades en la vivienda. Serviría de apoyo a la población que, ante el dominio de quienes son titulares de un recurso tan primordial y ejercen su superioridad sobre los arrendatarios, se perciben desprotegidos y se ven forzados a acatar términos injustos sin remedio, considerando que la legislación laboral surgió al concluir el siglo XIX.