Las Claves
- El Govern exigirá que la publicidad de alquileres indique si el propietario es gran tenedor y el precio máximo según el índice oficial.
- La Agència de l’Habitatge
La administración del Govern utiliza la normativa vinculada a las cuentas públicas de 2026 con el fin de reforzar la vigilancia sobre los arrendamientos, exigiendo que la publicidad de las viviendas indique si el arrendador posee la condición de gran tenedor y especifique el coste límite de los alquileres, cumpliendo así su promesa previa. Dentro del texto legal de 121 folios remitido al Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC), que ha podido consultar Guyana Guardian , el Govern asume la tarea de precisar “el contenido mínimo obligatorio de la publicidad de las viviendas de alquiler, que tiene que incluir: el precio máximo aplicable según el sistema de contención de rentas, la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética, y la indicación de si la propiedad es gran tenedor”. Aquel considerado gran tenedor, definido como el titular de cinco o más inmuebles sin contar su residencia principal, afronta requisitos más estrictos al arrendar, incluyendo el deber de fijar una renta que no supere los valores establecidos por el índice oficial.
Dichos requerimientos recientes se integran en las obligaciones asumidas por el Gobierno de Salvador Illa con el fin de implementar con mayor eficiencia la regulación de los arrendamientos que rige en gran parte de Catalunya.
El Govern formaliza el paso preliminar a la validación de las cuentas públicas remitiendo el documento al CTESC.
Asimismo, el Govern pretende endurecer el deber de anotar en el registro de fianzas el acuerdo contractual y el justificante del precio de referencia, “permitiendo a la Agència de l’Habitatge de Catalunya automatizar la inspección y obtener directamente la documentación necesaria para detectar infracciones”. Respecto al sistema de sanciones sobre la limitación de alquileres, el Govern lo potencia, ya que añade “sanciones específicas por el falseamiento de información, exigiendo la correspondencia estricta entre la renta contractual y la normativa vigente”.
El documento asimismo informa sobre el “establecimiento de una medida urbanística excepcional y temporal en ámbitos declarados como zona de mercado residencial tensionado para admitir el uso de vivienda de protección pública en suelos urbanos que estén calificados de uso terciario en el planeamiento vigente”. La legislación autorizará la edificación de viviendas en áreas reservadas para despachos, hostelería o negocios.
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La normativa prevé asimismo la eliminación de 19 gravámenes. Durante una intervención en TV3, la consellera de Economia, Alícia Romero, afirmó que prescindir de dichos tributos supone un descenso en los ingresos de medio millón y responde a una solicitud del sector empresarial. “Puedes vivir sin este dinero y facilitar la vida de las empresas”, indicó.
La remisión del proyecto legislativo vinculado a las partidas presupuestarias al CTESC constituye un paso anterior para que los balances de la Generalitat logren su validación oficial. El papel de dicha entidad tiene un carácter exclusivamente de asesoramiento.
Respecto a los gravámenes que se eliminan, se encuentran diversos vinculados al ámbito agrario, tales como el permiso para los núcleos de higienización y saneamiento orientados al traslado vial de ganado vivo, además de otros referentes a las labores veterinarias o a la supervisión de desechos médicos. Igualmente se anulan otros cobros, por ejemplo el importe por utilizar los cubículos de estudio de la Biblioteca de Catalunya.
